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sábado, 2 julio, 2022

MP busca a siete personas por legalización de vehículos robados en el Intt

El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público tiene ya identificadas a siete personas relacionadas con la red que ingresó al país más de 100 vehículos robados en el extranjero y los registró en el sistema del Intt

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El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, informó que se emitió orden de captura contra siete personas vinculadas con el caso de legalización de vehículos robados a través del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intt).

Durante un balance ofrecido este miércoles, 19 de agosto, Saab recordó que fueron privados de libertad el 1 de agosto cinco funcionarios del Intt. Respecto a las personas que continúan prófugas de la justicia indicó que el Ministerio Público tiene precisadas sus identidades, aunque no las reveló.

Por el caso fueron detenidos en julio el jefe de la Oficina de Registro Vehicular del Intt, Juan Carlos Duque, y la encargada del Área de Seguridad Lógica, Belkis Chópite. También fueron apresados el gerente regional del Intt en Barcelona, Anzoátegui, Carlos Alberto Brito Torres; Félix Sánchez Chaparro, transcriptor adscrito al Intt-Barcelona y un funcionario de nombre Nerwin Alemán Martínez.

De acuerdo con Saab, la red delictiva se dedicaba a introducir por contrabando vehículos robados en otros países, como Colombia, Brasil y Chile, y los funcionarios se encargaban de registrarlos de manera irregular en el sistema informático del Intt, para su posterior venta por altas sumas de dinero.

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El fiscal detalló que mientras Duque era quien daba la orden a los transcriptores para llevar a cabo los registros, Chópite otorgaba los permisos informáticos para que los usuarios pudieran llevar a cabo la actividad en el sistema. Estimó que al menos 100 vehículos robados habrían sido legalizados irregularmente a través de este mecanismo.

El Pitazo conoció que los funcionarios fueron imputados por los delitos de corrupción propia agravada, acceso indebido agravado, forjamiento de documento público y agavillamiento, y permanecen recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Caracas, mientras continúa su juicio.

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