La coexistencia de dos tribunales de justicia y la pugna generada por la proclamación de Juan Guaidó como gobierno interino, tras rechazar la reelección de Nicolás Maduro como presidente en 2018, representa un síntoma más de la fragilidad institucional del país. Politólogos señalan que esta situación ha hundido a la población en una“inseguridad absoluta”. Coinciden en que el país se convirtió en un “Estado fallido” porque Maduro perdió capacidad para gobernar y generó una crisis socioeconómica

El devenir de la crisis política desembocó en un hecho inédito en la historia republicana de Venezuela. Desde el año 2019, el país tiene dos líderes que se atribuyen el cargo de presidente. Pero esa fractura no es la única: también coexisten dos tribunales de justicia y dos fiscales generales en disputa. La realidad expone la crisis institucional en la que está sumergida Venezuela que se profundizó aún más cuando el diputado opositor Luis Parra, acusado de participar en tramas de corrupción con el chavismo, asumió el pasado mes de enero  la jefatura de la Asamblea Nacional sin el quórum requerido. Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), órgano llamado a ser contrapeso, no dan señales de un desenlace de la crispación.    

La confrontación entre oposición y gobierno, en pugna ahora por la autonomía de los poderes públicos, no se ha resuelto y, en opinión de politólogos, una salida al conflicto parece lejana luego de que no se lograran dirimir las marcadas diferencias políticas de ambos sectores en los espacios de diálogo abiertos desde el año 2014, en los que participaron diferentes actores internacionales. 

Los expertos cuestionan el rol “autoritario” que asume Nicolás Maduro, reelegido como presidente en 2018 en unas elecciones objetadas por 61 países por desarrollarse sin condiciones democráticas, y su irrupción en el seno de las instituciones, llamadas a controlar su gestión, para aferrarse al poder. Coinciden en que esta situación deja a Venezuela como un “Estado fallido”.

El politólogo Luis Salamanca explica que Maduro “dictatorializó” el gobierno bajo una estrategia de “apropiación institucional” que trastocó el principio constitucional de separación poderes.  Tras perder las elecciones parlamentarias en 2015, el gobierno oficialista perfiló más esta estrategia pese al peso que suponía el desmejoramiento de la economía y los resultados de distintas encuestadoras que indicaban que 80% de los venezolanos reprobaba a la gestión de Maduro. 

La frágil separación poderes y parcialización del TSJ fue cuestionada el pasado 2 de julio en el último informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. “La independencia del sistema de justicia se ve considerablemente socavada debido a la inseguridad de los jueces y fiscales, a la falta de transparencia en el proceso de su designación, a las condiciones de trabajo precarias y la interferencia política, con inclusión de las estrechas relaciones que existen entre los miembros del Gobierno y el partido gobernante. Esta situación -enfatiza- impide que el poder judicial ejerza su clave como un actor independiente de la protección de los derechos humanos”, refleja el documento


En Venezuela se produjo una ruptura de la democracia y no mediante una acción golpista, sino con la acumulación de una serie de violaciones


Luis Salamanca, politólogo

El mandatario, con el apoyo del TSJ, cuyos magistrados fueron juramentados en proceso irregular en 2015, despojó de sus cargos a cuatro diputados recién electos en los comicios legislativos y, luego, mediante fallos, entorpeció la labor del Parlamento. Incluso, el órgano lo declaró ilegalmente en “desacato” después de que su directiva incorporara en sus curules a los asambleístas desproclamados. Un total de 135 sentencias ha aprobado el TSJ en contra de la Asamblea Nacional, según la ONG Acceso a la Justicia, que van desde el desconocimiento de leyes sancionadas e inhabilitaciones a diputados. 

Dos de esas sentencias, las número 115 y 156, dictadas el 29 de marzo de 2017, que permitían al TSJ asumir competencias del Legislativo, produjeron otro quiebre pero a lo interno del chavismo. Mientras los diputados opositores denunciaban un “golpe” al Parlamento, la fiscal general Luisa Ortega Díaz, leal a Hugo Chávez, alertó que los fallos constituían un “rompimiento del hilo constitucional”. En agosto 2017, la funcionaria fue destituida de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), luego de que rechazara la represión en las protestas antigubernamentales convocadas por la oposición a raíz de la decisión del tribunal. 

La ANC, impulsada por Maduro e instalada tras un proceso electoral que no contó con un referéndum consultivo previo a los comicios, adelantó las elecciones presidenciales de 2018 en la que los partidos opositores no se midieron por trabas impuestas por el CNE. Eso le permitió a Maduro ganar una contienda que tampoco tuvo garantías de transparencia y en la que no votaron 54% de los electores, algunos de ellos, entre abril y julio de 2017, exigieron su renuncia en 6.729 protestas de calle en las que fallecieron 163 personas producto de la represión de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social

“En Venezuela se produjo una ruptura de la democracia y no mediante una acción golpista, sino con la acumulación de una serie de violaciones o pequeñas destrucciones, como quitarle la posibilidad a los venezolanos de participar en elecciones libres, como ocurrió con el referendo revocatorio de 2016, las presidenciales de 2018 y, ahora, en los próximos comicios parlamentarios que se harán luego del despojo de las directivas legítimas de los partidos opositores para cederlos a personas expulsadas y cuestionadas por corrupción”, sostiene Salamanca. 

Catástrofe 

Expertos señalan que se está en presencia de un “Estado fallido” cuando el gobierno pierde la capacidad de gobernar y cumplir con sus obligaciones constitucionales. Es en este punto yace la causa de la crisis institucional que enfrenta Venezuela. Pero el término es más amplio: estos Estados no garantizan seguridad en su territorio ni ofrecen políticas públicas de salud y educación, por ejemplo, ni acceso servicios básicos. 

Esas características encajan en Venezuela. La corrupción y los controles impuestos por el chavismo debilitaron la economía que terminó por desplomarse con la recesión y la hiperinflación. Mientras aumentaba la pobreza, recrudecía la crisis alimentaria. Los hospitales se fueron quedando sin medicinas. Estas fueron las razones para que diferentes ONG denunciaran el desarrollo de una emergencia humanitaria compleja que empujó a más de cinco millones de venezolanos a emigrar del país, según la cifra reciente del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

El país destaca con la tasa de criminalidad más alta de América, según el Observatorio Venezolano de la Violencia, y sus cuerpos de seguridad se vinculan a hechos punibles y ejecuciones extrajudiciales, como es el caso de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes), organismo cuestionado por el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Inclusoestá documentada la presencia de grupos guerrilleros como el ELN en el territorio. “El Estado tiene la capacidad militar para desmantelar las bandas y grupos paramilitares, pero no tiene voluntad. Hay instituciones, pero orientadas a un criterio ideológico”, sostiene Salamanca, quien es categórico al afirmar que, a diferencia de un “Estado fallido”, Venezuela es un “Estado extinguido”

El politólogo Nelson Chitty La Roche sostiene que la crisis actual corrobora lo que el fallecido presidente Hugo Chávez llamó la “teoría de la catástrofe” en 1999. Chávez evocó ese precepto para criticar a los gobiernos que lo antecedieron que, a su juicio, fueron incapaces de resolver fallas acumuladas en sus gestiones. A raíz de esto, agrega el experto, el chavismo perdió legitimidad. “Ocurrió una completa separación de lo político y lo societario, cuando no hay esa relación sobreviene la catástrofe”, recalca.

Historiadores y demás estudiosos ubican que el deterioro de las instituciones tiene un precedente elocuente en 2007. Luego de perder la reforma a la Constitución de 1999, Chávez, por medio de poderes especiales, modificó leyes económicas y sociales que perfiló bajo la doctrina socialista inexistente en la Carta Magna. También resaltan que otro catalizador es el explícito respaldo de la Fuerza Armada Nacional al chavismo, a pesar de que esta institución no debe responder a ninguna parcialidad política. 

Desliza hacia la izquierda y revisa los hechos que desencadenaron la crisis institucional en Venezuela 

La controversia institucional del país quedó plasmada en la evaluación que hace la organización Fund For Peace alas naciones y sus conflictos internos. En su último informe sobre el Índice de Estados Frágiles de 2019 alertó que Venezuela está en serio riesgo de convertirse en un “Estado fallido”. “Venezuela ha sido acosada por una enorme agitación, y a raíz de una elección disputada y profundamente defectuosa en 2018, ahora se encuentra con dos presidentes”, resalta.

“Pese al colapso económico, el aumento del hambre, el regreso de enfermedades eliminadas, la migración de 10% de la población y el desmoronamiento de la legitimidad de su gobierno, Maduro logra aferrarse al poder. El Ejército es su principal estructura de apoyo y su lealtad le asegura el control de las instituciones”, concluye el informe de Fund For Peace.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, manifestó respaldo a Maduro y asegura que la oposición jamás obtendrá el poder | Cortesía VTV 

Desamparo

Chitty La Roche asoma que la ruptura institucional sumergió a la población en una “inseguridad absoluta”. “No hay en quién confiar y el país está en una situación de sobrevivencia”, acentúa. Por tanto explica que está atrapada en una dinámica en la que no encuentra justicia. “El TSJ es una oficina jurídica que no imparte justicia, sino aplica el derecho penal del enemigo”, afinca.

La ausencia de instituciones trastoca el ejercicio de la defensa de los derechos e impide la contraloría social. El politólogo Piero Trepiccione comenta que el Gobierno, fuertemente apoyado por la Fuerza Armada, infunde temor y controla para acallar a las personas y crea un ambiente en el que la impunidad, el exceso y la discrecionalidad es la norma. 

“La ciudadanía ha mostrado interés en defender sus derechos, pero está sometida a la represión, al abuso de los cuerpos policiales e incluso de grupo paraestatales apoyados por el Gobierno. Es el caso de lo ocurrido con el joven de 17 años en Táchira que perdió su visión luego de que un funcionario del Guardia Nacional le disparara en la cara, y su delito fue exigir que llegara el gas a su zona”, recuerda Trepiccione. 

La gestión de Maduro resiste el peso de la sanciones administrativas y económicas aprobadas por Estados Unidos y otros organismos como Unión Europea. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde 2017, penaliza a funcionarios chavistas señalados de violar derechos humanos. Las órdenes también se aprobaron en contra Petróleos de Venezuela (Pdvsa). El efecto de las medidas limitó a Maduro el acceso a los mercados financieros internacionales y ahora se auxilia en países aliados como Rusia, Irán y China.

El apoyo que Estados Unidos brinda a Guaidó permitió que importantes activos de Venezuela en el extranjero, como la filial de Pdvsa Citgo Petroleum Corporation y las reservas de oro del Banco de Central de Inglaterra, pasaran a manos del Poder Legislativo. Por esto el chavismo acusa a Guaidó de “robar” a la nación y orquestar una “intervención” en el país. Culpa también a las sanciones de la emergencia humanitaria que padece el país, aunque esta crisis comenzó antes de la aprobación de esas medidas. 

Con el apoyo internacional, la oposición ha logrado mantener presionado a Maduro, pero dentro del país ese respaldo no se traduce en acciones más contundentes que obliguen a una salida a la crisis consensuada. Las decisiones políticas, emanadas desde del Legislativo, como la designación de los magistrados del TSJ que despachan en el exilio, resultan “simbólicas” porque el poder y el control de la fuerza aún lo tiene Maduro, explican los expertos. 

“El apoyo diplomático que tiene Guiadó es un factor clave, tiene un valor simbólico, pero generará un impacto a mediano plazo para que Maduro y su entorno cercano faciliten un cambio de gobierno por la vía electoral”, cree Trepiccione. 


Sí se reconstituye la ciudadanía, no tardará mucho tiempo en que se retome el control

Nelson Chitty La Roche, politólogo

Incertidumbre

Superar el escollo institucional dependerá de la voluntad política, pero los politólogos recalcan que Maduro es el principal obstáculo. Los especialistas concuerdan en que el gobernante no muestra interés en una negociación porque no cree en la alternabilidad del poder y busca aferrarse para no dejarlo en manos de la oposición y, por otro lado, aseguran que su resistencia es mayor porque la justicia estadounidense lo solicita por presuntos delitos de narcotráfico. 

También el Gobierno decidió apartar a un sector opositor al plantear la firma de un acuerdo en 2019 con un grupo partidos minoritarios que se separaron de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y, ahora, influye en las decisiones tomadas para la realización de las próximas elecciones parlamentarias cuestionadas, como lo reconoció José Simón Jiménez, vicepresidente del CNE, en una entrevista ofrecida a Tal Cual

La oposición continúa firme con su objetivo de medirse en elecciones libres con el chavismo, a pesar de que, a juicio de Trepiccione, la figura de Guaidó, quien la representa,  perdió fuerza por el asedio del Gobierno y, en particular, por errores de estrategia para fijar una ruta de cambio. Las iniciativas de diálogo infructuosas con el chavismo tuvieron un costo político para los adversarios de Maduro, señala Trepiccione, porque la dirigencia no fue clara y sincera con sus seguidores sobre estos acercamientos que influyeron en el enfriamiento de la calle. 

Chitty La Roche observa que el proceso de cambio también debe florecer desde la base. “Sí se reconstituye la ciudadanía, no tardará mucho tiempo en que se retome el control, porque el poder no es la sumisión, es la institución en la que recorren unos que han sido reconocidos por los otros”, enfatiza. 

La oposición está convencida de que el gobierno no aceptará elecciones para una transición democrática y el chavismo insiste en que sus adversarios quieren eliminar el legado de Hugo Chávez con el apoyo de Estados Unidos. Los  acercamientos entre las partes y las sanciones permitieron que el gobierno liberara con medidas cautelares a presos políticos, pero luego incrementó su rudeza tras la rebelión fallida, liderada por Guiadó, el 30 de abril de 2019, que buscaba forzar la salida de Maduro con el apoyo militar. El asalto al parlamento el pasado 5 de enero cerró más la posibilidad del consenso. 

Si bien la vía del diálogo ha resultado imposible, una solución a la difícil situación política e institucional del país fue planteada por la organización International Group Crisis. En un informe, publicado el 20 de marzo de 2020, detalla que una posible negociación pasaría por la realización de elecciones en condiciones imparciales, en las que incluso Maduro tenga la oportunidad de participar, y el levantamiento progresivo de las sanciones sí hay avances en los acuerdos.

Pero esa propuesta parece que no encontrará asidero. El CNE, con nuevos rectores de conocida filiación con el chavismo, designados por el TSJ de Maduro, convocó a elecciones parlamentarias en medio de la emergencia sanitaria que supone la epidemia del COVID-19. El ente fijó los comicios para el próximo 6 de diciembre incumpliendo la Ley de Procesos Electorales y la Constitución. Ahora la incertidumbre reposa en la participación de la oposición cuyos líderes avizoran, además de otro evento electoral sin condiciones democráticas, un retroceso en su lucha por llegar al poder y recuperar la institucionalidad. 

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