Abogados advirtieron sobre las imprecisiones e irregularidades de la modificación legislativa que busca darle mayor poder a las comunas y a los consejos comunales afines al oficialismo
Durante el período poselectoral, las prisiones venezolanas acumularon hasta 2.400 presos políticos. En ese contexto la Asamblea Nacional (AN) oficialista anunció la reforma de la Ley Orgánica de Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, cuyas modificaciones, lejos de obedecer el sentido de la justicia, incrementan la vigilancia ciudadana e imponen la obediencia de un sistema político.
Quiero, en aplicación estricta de la letra de esta Constitución, en el momento que la voy a firmar, por autoridad de la ley, por facultad de la Constitución como jefe de Estado y de Gobierno, presidente la República Bolivariana de Venezuela, tengo el placer profundo de firmar la ley para la creación de la justicia de paz como sistema de justicia electa por el pueblo con jueces de paz. Firmado, publíquese, difúndase, ejecútese y cúmplase
Nicolás Maduro en ‘Con Maduro De Repente’ el 14 de noviembre
Al estampar su rúbrica, Maduro no escondió su necesidad de aprobarla. Asimismo, señaló a quienes la ejecutarán bajo los ideales del chavismo. Tras recordar que “en 1999 ya se hablaba de la justicia de paz”, dijo que ahora, con los jueces de paz surgidos de los consejos comunales, será elevada “a la magnitud del sistema de justicia”.
El control social fue uno de los objetivos gubernamentales que denunciaron la abogada constitucionalista Vestalia Tovar y un abogado de la ONG Defiende Venezuela, quien prefirió reservar su identidad, al ser consultados por El Pitazo.
Ambos, vía telefónica, señalaron que también se está buscando centralizar el poder de esta jurisdicción especial y reducir las facultades de los tribunales convencionales, como por ejemplo los de primera instancia.
Instalar un poder
En sus discursos, el presidente de la AN oficialista, Jorge Rodríguez, ha recurrido a la figura de justicia de paz, en el artículo 258 de la Constitución, para justificar las modificaciones que se hicieron sobre la ley.
“Desde la conformación de la justicia de paz comunal que nos obliga la Constitución, construiremos una nueva forma de administración del sistema de justicia en Venezuela”, aseguró en un evento organizado en el Cuartel de la Montaña el 17 de noviembre.
Para Tovar, el chavismo ha intentado introducir el elemento comunal en el Poder Público Nacional desde la Constitución de 1999. No ha podido hacerlo oficialmente, pero sí con normas colaterales como la Ley de Consejos Comunales y la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de Paz.
Se ha trabajado la parte del poder comunal y la incidencia dentro del sector popular para que una persona pueda ejercer funciones de juez
Vestalia Tovar, abogada especialista en derecho constitucional y procesal civil
El abogado de Defiende Venezuela subrayó que la reforma no está dirigida a resolver los problemas económicos y sociales que tienen las comunidades, sino a enfocar las acciones de los jueces de paz para imponer un control político y restarle poder a los tribunales convencionales.
Antes de la reforma, los jueces de paz estaban encargados únicamente de los medios alternativos de resolución de conflictos contenidos en el artículo 258: el arbitraje, la conciliación y la mediación. Ahora el oficialismo quiere ampliar sus facultades.
Tovar opinó que esta es una forma de fortalecer a ese poder comunal que mantiene el oficialismo en paralelo a la Constitución. “Quieren que sea un sexto poder, pero no puede pasar por encima del Poder Judicial porque este sí es uno de los cinco poderes del Poder Público Nacional”.
Dentro del escalafón judicial del ordenamiento jurídico venezolano, conformado por los municipios, tribunales de primera instancia y tribunales superiores, no están los jueces de paz. La abogada consideró que la intención del Ejecutivo es quitar ciertas competencias a los tribunales municipales para impulsar a estos jueces.
Aunque sugirió esperar a ver cómo se gestionará la elección y asignación de responsabilidades, cree que tanto el Gobierno como las autoridades del sistema judicial quieren implementar la justicia comunal debajo de los tribunales de municipio. Esto sería una alteración del escalafón, que está contenido en la Constitución y en el Código de Procedimiento Civil.
La justicia de paz no puede considerarse como un instrumento incorporado al llamado poder popular de estas formas de organización social
Abogado de la ONG Defiende Venezuela especialista en derecho penal
Aunque la reforma reconoce los elementos esenciales de la justicia de paz contenidos en los artículos 178 y 258 de la Constitución, como la orientación a las comunidades, la elección de los jueces por votación universal, directa y secreta, y la promoción de los medios alternativos de solución de conflictos, la partidización en las comunas y los consejos comunales también influirá en las decisiones de los jueces.
“Han sido elementos territoriales ideologizados” que militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otras entidades políticas afines al Gobierno de Nicolás Maduro, dijo el abogado.
Desvirtuar el ordenamiento jurídico
Jorge Rodríguez ha recalcado que esta ley contribuirá a la formación de “un nuevo Estado”, ya que la población “sentirá la justicia directamente en su casa” y no habrá ninguna otra intermediación.
En relación con los aspectos burocráticos, el abogado de Defiende Venezuela dijo que en la justicia de paz existe un entramado de múltiples comités, como el Comité de Justicia de Paz Comunal, donde los jueces serán las cabezas de los cuerpos colegiados bajo la rectoría de la Dirección de Paz del TSJ.
Si bien los jueces de paz siempre han existido en el ámbito de los municipios, ahora tendrán más facultades para influir a un nivel sectorial o parroquial. Ante esto, Tovar advirtió sobre la responsabilidad que conlleva un cargo de esta naturaleza y los conocimientos que se deben tener.
“En materia de jueces, el único facultado para hacer un llamado a los concursos de jueces era el TSJ. El último concurso fue en el 2001. Hasta los momentos, hay muchos jueces que son provisorios y no de carrera judicial”, puntualizó.
La especialista en procesos civiles insistió que, en una elección comunitaria, se debe ver el perfil y el rol que ocupará la persona. La anterior Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal no exigía ser abogado para ocupar el cargo de juez, pese a que en un país donde se aplica el derecho comparado, como Venezuela, es necesario que los juristas sean licenciados en abogacía.
Desvirtúan los concursos públicos. Tampoco consideraron la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que es importante en cualquier elección presidencial, estadal o municipal. Como lo señalaron, la elección será ad hoc y decidirá el sector popular
Vestalia Tovar, abogada especialista en derecho constitucional y procesal civil
La falta de credenciales fue una de las principales preocupaciones que expresó el defensor de Defiende Venezuela. Incluso, apuntó que aún cuando los jueces de paz no sean abogados, tampoco serán elegidos por su vocación para resolver conflictos o su sentido de la justicia, sino por razones políticas.
“Serán apéndices políticos para garantizar el control, la conducción y el cumplimiento de tareas políticas en las comunas y consejos comunales, para asegurar el control social de los adversarios políticos desde el propio terreno local”, alertó.
Juzgar sin sentido de la justicia
Cuando fue sancionada la reforma, el presidente de la AN insistió en que los jueces de paz “no pueden ser traidores a la patria” y desacreditó la función de los tribunales en el sistema judicial. “Ya está bueno que en los tribunales mande el billete”, declaró.
El artículo 18 de la ley, que fue una de las disposiciones modificadas, especifica, entre otras cosas, que los jueces no pueden incurrir en la promoción del odio y la traición a la patria. Tampoco deben adoptar “posturas fascistas, neofascistas y expresiones similares”.
La gravedad de las condiciones de elegibilidad añadidas en la reforma, según analizó el especialista en derecho penal de la ONG, es que hay falta de precisión y contradicciones en los conceptos mencionados.
“En la Ley contra el Fascismo se define a este sistema como la postura ideológica que, basada en una supuesta superioridad moral, étnica, social o nacional, ‘asume la violencia como método de acción política’”, comentó el abogado sobre el artículo 4 de la legislación, una expresión “muy cuestionada” por ser abierta e imprecisa.
Ante las incongruencias en ambas leyes, se pueden presentar escenarios de interpretaciones arbitrarias y subjetivas en las decisiones de quien ejerza como juez, generando censura y violaciones al derecho a la información, la libertad de expresión y otros.
En un país donde todo está centrado en el Ejecutivo, Tovar aseguró que el juez vigilará las acciones de cada vecino y cada familia. Así verificará y supervisará lo que se diga en la comunidad.
“Sus decisiones serán absolutas. Ahora bien, ¿dónde se recurren estas decisiones? Este tribunal colegiado, en esa junta parroquial, ¿de qué tipo serán sus decisiones? ¿Administrativas? ¿Judiciales? Hay que esperar a ver cómo se definirá”, reflexionó.
La abogada, que calificó la reforma como “inconstitucional”, entiende que las normas deben ser adaptadas al realismo jurídico social, pero sin alterar el orden público. Esta ley lo hace, ya que fue “acomodada” hacia una de las partes, causando así un desequilibrio en la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del TSJ.
“No está adaptada al normativismo. No puedes flexibilizar una norma de esta naturaleza dándole poder al sector comunal cuando sabemos que, para optar a un cargo de juez, se debe cumplir con características emocionales, sociales y de intelectualidad específicas”, sentenció.
En medio de la presión internacional que pesa contra la administración de Nicolás Maduro, quien anunció que se juramentará como presidente para el sexenio que comienza el 10 de enero de 2025, la AN avanza con la Ley de Justicia de Paz Comunal.
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