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viernes, 19 julio, 2024

8.900 víctimas apoyan que Fiscalía CPI investigue crímenes de lesa humanidad en Venezuela

La Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones divulgó su informe tras procesar las opiniones y observaciones transmitidas entre noviembre y marzo por las víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad. La instancia de la Corte Penal Internacional destacó en su conclusión el "abrumador apoyo" para la reanudación de la investigación de la Fiscalía de la CPI

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Caracas.- La Corte Penal Internacional (CPI) publicó este viernes la versión editada del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés), que detalla la participación de 8.900 víctimas, 630 familias y 2 organizaciones para apoyar la reanudación de la investigación de la Fiscalía General de la CPI en Venezuela por crímenes de lesa humanidad.

La VPRS elaboró su informe tras recibir -entre noviembre y marzo- 1.875 solicitudes con opiniones e inquietudes de parte de las víctimas venezolanas. La información se clasificó en 1.746 formularios, 5 videos, 124 correos electrónicos u otros documentos escritos y más de 25 videos en apoyo a las observaciones enviadas por escrito.

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La conclusión del informe de 57 páginas resalta el «apoyo abrumador» de las víctimas para la reanudación de la investigación del fiscal de la CPI, Karim Khan, «más allá del alcance actual previsto», en relación con los crímenes cometidos en Venezuela, incluyendo asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, desaparición forzada, tortura, violación u otras formas de violencia sexual, desplazamiento forzado y persecución.

La VPRS recibió información de víctimas venezolanas de todos los crímenes detallados en el informe, así como la advertencia de parte de éstas sobre la inacción y negativa del Gobierno para investigar y sancionar -de manera genuina- los delitos de lesa humanidad perpetrados por autoridades estatales, fuerzas de seguridad y civiles armados vinculados con los denominados colectivos.

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Entre las víctimas se incluyen activistas y defensores de derechos humanos, jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios públicos, así como activistas sociales y ambientales; trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales del sector sanitario; trabajadores del sector público y privado; estudiantes universitarios, docentes y personal de apoyo.

Asimismo, la VPRS contó con información que transmitieron expolicías y militares; diplomáticos; pensionados; periodistas, medios de comunicación, blogueros; figuras políticas, miembros de partidos políticos; parlamentarios, así como de artistas, propietarios de tierras, granjas y negocios, entre otras personas.

El informe de la VPRS incluye testimonios de víctimas de tortura y violencia extrema, incluidos los delitos sexuales y de género, así como opiniones, observaciones y expectativas de las víctimas sobre los procedimientos de la CPI.

Confidencialidad

El informe de la VPRS no contiene información que identifique a las víctimas o a cualquier otra persona u organización que participó en el proceso. Además, como detalló la CPI a mediados de marzo, el Gobierno venezolano no tiene acceso a la documentación que presentaron las víctimas.

La CPI informó a mediados de marzo sobre una prórroga, hasta el 20 de abril, para que la VPRS pudiera analizar los formularios y videos recibidos para transmitir sus consideraciones e informe final a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI.

La Sala de Cuestiones Preliminares dictará una sentencia sobre la reanudación de la investigación en el caso Venezuela I -como lo solicitó el fiscal Khan- luego de evaluar y examinar todas las observaciones y opiniones transmitidas por las víctimas, así como la documentación enviada por el gobierno de Nicolás Maduro.

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