De los 42.863 privados de libertad que hay en el país, solo 1.900 participaron en las elecciones presidenciales de este 28 de julio, según lo registró el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en su más reciente informe Derechos Políticos de la Población Reclusa Venezolana, lo que representa una nueva violación a sus derechos, a consideración de Humberto Prado, coordinador de esta organización.
Durante la presentación del documento que se realizó este jueves 17 de octubre en una sesión de Zoom, el equipo del OVP detalló que en los comicios fueron habilitados centros de votación solo en 18 de las 38 cárceles operativas dentro de las prisiones del país, en las cuales funcionaron 31 mesas electorales que estarían disponibles tanto para los procesados como para residentes de comunidades cercanas.
Al igual que sucedió en todos los centros electorales del país, los resultados de la votación de los privados de libertad tampoco fueron revelados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sobre los 1.900 presos que votaron, Prado aseguró que esa cifra fue ofrecida por el propio ministro de Sistema Penitenciario, Julio García Zerpa, durante un balance que ofreció el día de las elecciones, en el que aseguró que a esta cantidad de reclusos se le renovó su cédula de identidad y se les condujo hasta las mesas para que ejercieran su derecho.
Edmundo González descarta una juramentación en el exilio: «Es ante la Asamblea Nacional»
«Qué ocurrió con el resto de las personas privadas de libertad en situación jurídica de procesados, qué ocurrió con el resto de las personas privadas de libertad en situación jurídica de condenados … es triste ver como el Estado venezolano viola los derechos de las personas privadas de libertad … el 28 de julio, tras las comicios, las declaraciones del ministro del Servicio Penitenciario dejaron mucho que desear, no hubo garantía del derecho al voto como un derecho humano”, destacó el coordinador del OVP.
Persiste situación de hacinamiento
En los últimos dos años, la población carcelaria fue sometida a diferentes episodios de violencia, entre los que destacan la intervención de parte del gobierno de Nicolás Maduro de ocho cárceles durante los últimos dos meses de 2023 y una huelga que se replicó en todos los penales y centros de detención preventiva del país en junio de este año.
La intervención de las prisiones que ocasionó el traslado de miles de presos lejos de sitio de origen generó tanto malestar como incomodidad en la población penitenciaria. “En Venezuela se cierran cárceles y no para construir escuelas sino para recluir a parte de los internos en retenes policiales y obligar a un policía, que está capacitado para brindar seguridad ciudadana, a servir de custodio”, reseñó Prado durante su ponencia.
Según datos del OVP, en Venezuela existen 52 cárceles de las cuales 14 fueron clausuradas por el Estado y en las 38 que se mantienen operativas, 19.680 presos superan la capacidad de ocupación, generando una extrema situación de hacinamiento.
Entre las conclusiones emitidas por el OVP tras la presentación del informe, se recomendó establecer una colaboración estrecha entre el CNE y el Ministerio de Sistema Penitenciario para planificar, ejecutar y supervisar jornadas especiales de inscripción en el registro electoral y operativos de cedulación dentro de los centros de reclusión; asignar recursos humanos y materiales necesarios para agilizar los procesos electorales en los centros penitenciarios; presentar un registro desagregado de los reclusos habilitados a votar, incluyendo su ubicación y su situación jurídica, lo cual permitirá conocer de forma precisa y detallada cuántos reclusos pueden ejercer su derecho al voto, entre otras.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
- Oficialismo se contradice sobre paradero de María Corina Machado: ¿fuera del país o en una embajada?