El empresario Ricardo Albacete fue detenido el 11 de julio de 2024 en Caracas. En una de sus viviendas pernoctó María Corina Machado durante su visita al estado Táchira. Según el fiscal Tarek William Saab, Albacete planeaba ataques contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y tenía materiales eléctricos en su empresa Guarimetal.
Sin embargo, el abogado y defensor de derechos humanos, Walter Márquez, mostró la mañana de este 17 de julio documentos que reflejan la contratación de las empresas de Albacete para realizar trabajos en el SEN, en 2012.
Los contratos fueron firmados por la representante de Albacete, su hija Loredana Albacete, y por Argenis Chávez, hermano del fallecido Hugo Chávez y entonces presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
Márquez explicó que el material encontrado en la empresa forma parte de la materia prima utilizada para la elaboración de productos metálicos. El acero y aluminio es de su comercialización, según el registro formal. En la misma infraestructura trabaja la compañía Alba Energía, también de la familia Albacete.
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“Aquí está la firma de Argenis Chávez, en contratos con el consorcio Caura. Ellos hicieron obras para las Fuerzas Armadas en el estado Bolívar, dotaron de una estructura eléctrica a la base militar. Entonces, ¿con qué coraje el fiscal descalificado pretende hacer una acusación infundada y sin ningún soporte documental?”, se pregunta Márquez.
Las obras contratadas por Chávez a Albacete fueron al menos tres y, según los documentos de la empresa Alba Energía, culminadas a tiempo.



El abogado Walter Márquez mostró documentos que evidencian que el SEN contrató a Albacete para trabajos en Bolívar. | Fotos: Lorena Bornacelly
Incomunicado y desaparecido
Albacete fue detenido en Caracas y, posteriormente, allanadas sus empresas en Táchira. Desde ese 11 de julio, ni su abogado ni su familia tienen información sobre dónde y cómo se encuentra el empresario, de 71 años, que apoyó abiertamente la gira de María Corina Machado en el estado andino.
Su familia y amigos desconocen del estado de salud de Albacete. Márquez precisó que el actuar del fiscal general es “criminal de lesa humanidad” y, de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma, responsable de persecución política, de encarcelación grave, de tratos inhumanos y desaparición forzosa.