La ciudadana Yelitza Vergara denunció que cuatro funcionarios policiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) llegaron a su vivienda en Acarigua, estado Portuguesa, en horas del mediodía del 5 de febrero, buscando a unas personas que no residen en este domicilio.
Ella es la madre de Miguel Eduardo González Vergara, quien estuvo recluido en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, tras ser detenido en el contexto de las protestas poselectorales. Espera que lo ocurrido en su residencia haya sido una equivocación y no se trate de un amedrentamiento o práctica de psicoterror.
La denuncia la formuló Vergara a través de un video que circuló por redes sociales, horas después del incidente. En el material audiovisual, Vergara hace referencia a que en varias oportunidades les reiteró a los funcionarios que no conocía a las personas que estaban buscando, pero ellos insistían en que les habían dicho que se encontraban allí.
“Yo no tengo nada que temer; mi hijo también es inocente; no causa daño; no es terrorista y por eso hago hincapié en que sigo en mi casa, en mi país, creyendo en algo positivo para Venezuela”, afirmó.
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Yelitza Vergara reiteró que su hijo estuvo preso injustamente. “Si existe alguna persona u organismo que quiera causarnos alguna incomodidad, y si nos llegara a pasar algo, quiero dejar esta prueba de que estamos siendo amedrentados y nos están acusando de psicoterror para hacernos daño. No hay nada más hermoso que caminar con la frente en alto. Con orgullo digo que tengo un hijo de principios y de valores; y nadie dañará su futuro. En nombre de Dios espero que haya sido un mal entendido y no se repita”, señaló.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) se hizo eco de esta situación a través de su cuenta en X. “Lamentablemente, esta no es la primera denuncia de hostigamiento reportada por familiares de presos políticos excarcelados. Otros familiares y los propios excarcelados han sido víctimas de persecución y acoso por parte de funcionarios e individuos que participaron en su injusta detención, tras las elecciones del 28 de julio, a pesar de que los excarcelados continúan cumpliendo con las órdenes y restricciones impuestas por la justicia para su liberación”, aseguró la organización.
Según el Comité por la Libertad de los presos Políticos como consecuencia de esta persecución “muchos se han visto obligados a abandonar sus hogares para evitar la angustiante situación de sentirse vigilados o perseguidos, así como el temor constante de volver a ser encarcelados injustamente”.
En tal sentido el Clippve exigió que cesen las prácticas de terrorismo de Estado “que no contribuyen a un ambiente de verdadera paz en el país, por el contrario, revictimizan a quienes han vivido la injusticia durante estos largos meses, profundizando su sufrimiento”.
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