Caracas.- La Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó solicitar una investigación penal, así como la inhabilitación, entre otras acciones políticas y administrativas, contra exdiputados del Parlamento electo en 2015, de mayoría opositora, exintegrantes del gobierno interino y dirigentes políticos opositores, por las designaciones en Citgo que el oficialismo considera conforman una «trama de corrupción y robo de activos»
En sesión ordinaria de este martes, 22 de octubre, la Asamblea Nacional que preside el diputado oficialista Jorge Rodríguez aprobó el informe final que presentó la comisión especial parlamentaria a cargo de la investigación sobre la participación de partidos políticos y representantes de la legislatura opositora electa en 2015, en lo que el gobierno de Nicolás Maduro calificó de «robo y despojo» de la empresa Citgo.
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El primer vicepresidente del Parlamento oficialista, Pedro Infante, quien presidió la comisión especial parlamentaria, entregó el informe a Rodríguez y ubicó en 2018 lo que llamó el inicio de la «conflagración jurídica» contra Citgo. Infante detalló nombres de los que llamó son los responsables y señaló al exprocurador del gobierno interino, José Ignacio Hernández, así como al dirigente político de Voluntad Popular Carlos Vecchio, entre otros.
En el inicio de su intervención, Infante citó cifras de la empresa refinadora filial de Pdvsa en EE. UU. Habló de una valoración económica de Citgo de entre $13.000 millones y $15.000 millones. También precisó cifras del Observatorio Antibloqueo y detalló que Citgo posee 4.200 estaciones de servicio y 41 terminales de distribución en EE. UU., con una capacidad para procesar diariamente 800.000 barriles de crudo.
Exdiputados señalados
Infante entregó una lista con el informe final en la que detalló los nombres de 351 personas, de las cuales 94 fueron integrantes del Parlamento opositor, 108 exintegrantes que participaron en juntas ad hoc nombradas por el Parlamento opositor y 149 personas de «distintas ONG que recibieron financiamiento de la Fundación Simón Bolívar», según detalló el parlamentario oficialista.
Entre los exdiputados que mencionó Infante, tres de ellos hoy presos políticos, están: Armando Armas, Simón Calzadilla, Freddy Superlano (detenido), Américo De Grazia (detenido), Carlos Berrizbeitia, Jorge Millán, Henry Ramos Allup, Eustoquio Contreras, Luis Florido, Alfonso Marquina, Williams Dávila (detenido), Delsa Solórzano, Miguel Pizarro, Biagio Pilieri (detenido), Omar Barboza y Elías Matta.
El parlamentario oficialista mencionó, además, a la líder opositora María Corina Machado, a Leopoldo López, Julio Borges, Manuel Rosales, Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa y Dinorah Figuera.
Partidos políticos
Infante también precisó una lista de partidos políticos opositores que están en la mira del oficialismo, pese a que la mayoría fueron intervenidos vía Tribunal Supremo de Justicia (TSJ): Acción Democrática, Vente Venezuela, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia.
«Estos partidos políticos deben ser considerados bandas criminales. Un grupo estructurado de delincuencia organizada. No son partidos políticos, son grupos estructurados de delincuencia organizada. Están haciendo esto para robar los recursos de nuestro pueblo», añadió Infante.
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Supuestas ONG
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional chavista resaltó que mediante la Fundación Simón Bolívar, dependiente de Citgo, un grupo de diversas ONG y partidos opositores supuestamente recibieron financiamiento. Mencionó supuestas organizaciones no gubernamentales llamadas Chamos, Fundación I Love Venezuela, Fundación Panamericana de Desarrollo, Cuatro por Venezuela y Aid International.
«Tenemos todas las listas de las juntas ad hoc creadas por la Asamblea Nacional en desacato y el gobierno paralelo y también el listado de ONG que han recibido financiamiento (…) Aquí está el listado. Han recibido inmensos recursos que deberían estar a favor de nuestro pueblo y se los están robando», aseguró Infante.
Establecer responsabilidades
Infante detalló que los supuestos delitos que precisan en el informe final son forjamiento por falsedad de acto público, delincuencia organizada, asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, apropiación indebida de bienes de la República y traición a la patria.
El informe final que presentó Infante incluye seis recomendaciones, la primera es remitir al Ministerio Público toda la información recopilada por la comisión especial parlamentaria, para que se inicie una investigación a cargo de la Fiscalía que «determine responsabilidades penales individuales de todos los involucrados, partidos políticos y sus directivas, así como las ONG».
También el Parlamento oficialista remitirá el informe al Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) «con el fin de verificar la posibilidad de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio y la Ley para la Protección de Bienes en el Extranjero».
Infante detalló que la comisión pide al Parlamento oficialista remitir el informe a la Contraloría con el objetivo de que se inicie la «determinación de responsabilidades administrativas e inhabilitación política para el ejercicio de cargos públicos de todos los integrantes que usurparon cargos bajo el falso gobierno interino apoyados por los partidos políticos de oposición».
Tras la presentación e intervención de Infante, en una votación punto por punto de las solicitudes finales del informe, la Asamblea Nacional oficialista aprobó el documento final. Rodríguez destacó que la importancia de la documentación presentada por la comisión especial se resume en que se establezcan de inmediato las responsabilidades políticas, administrativas, pero sobre todo penales.
«Todos sabemos que estos son momentos de revisión de nuestra legislación electoral, a los efectos de que nunca más ocurra que esta calaña de entregados y delincuentes vuelva a hacerle daño a nuestro Estado nación, a nuestra gente», agregó Rodríguez.
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