Caracas.- Los hijos de más de 300 presos políticos venezolanos iniciaron este viernes, 1 de diciembre, una campaña online para exigir la liberación de sus padres.
El comienzo de la campaña se dio a conocer por medio de un video con los mensajes «Nos faltan más» y «Nos falta papá», acompañados de los rostros de algunos de los hijos de los presos políticos.
A partir del próximo 3 de diciembre, cada domingo de diciembre se publicará en la cuenta de X (Twitter) de Loredana Hernández Barboza (@loresblog), hija del preso político Héctor Hernández Da Costa, un mensaje que forma parte de la campaña.
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«Los hijos de los presos políticos de Venezuela comenzamos hoy una campaña por la libertad de nuestros papás. Cada domingo de diciembre enviaremos un mensaje al país. Necesitamos ser escuchados», expuso Hernández Barboza.
275 presos políticos
Foro Penal publicó, este 30 noviembre, el balance de presos políticos venezolanos. Según la ONG, para el 27 de noviembre se contabilizan 275 presos políticos en el país, de los cuales 128 son civiles y 147 tienen cargos militares. A su vez, se detalla que entre los privados de libertad hay 156 hombres y 19 mujeres.
El balance también detalla que desde 2014 se han registrado 15.810 detenciones políticas en Venezuela y que, además de los presos políticos, hay 9.000 personas sujetas a medidas restrictivas de su libertad.
Venezuela sin voto en la CPI
Provea dio a conocer, este 30 de noviembre, que Venezuela posee de una deuda de 13,4 millones de euros con la Corte Penal Internacional (CPI), lo cual significaría perder su derecho al voto en la Asamblea, que se desarrollará del 4 al 14 de diciembre.
Según el informe financiero de la CPI, Venezuela no cancela las cuotas desde noviembre de 2018. Además, Provea explicó que es posible que la próxima semana el Gobierno pida una excepción para poder votar, como lo hizo el año pasado y le fue otorgada al alegar que las sanciones le impiden cumplir con sus obligaciones financieras.
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«Gobierno de Maduro sí paga abogados europeos para evitar que siga la investigación por crímenes de lesa humanidad (…) La misma excusa fue planteada por los abogados europeos del Estado en la audiencia pública el 7 y 8 de noviembre ante la Sala de Apelaciones de la CPI, para alegar el impacto económico de las traducciones de documentos del español al inglés o francés», expone Provea.
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