Caracas.- La noche del lunes 15 de mayo, Tarek William Saab informó de la muerte de Juan Almeida, alias N33, conocido como el hacker de Tareck El Aissami, quien se encontraba bajo arresto domiciliario en su residencia en Maracay, estado Aragua, y sufría de cirrosis hepática.
Según el Ministerio Público, Almeida, junto a sus hermanos Carlos Almeida Morgado y Jorge Almeida Morgado, era señalado de ser operador tecnológico de la trama de corrupción en la petrolera, que la Fiscalía denomina Pdvsa-cripto.
Un caso anterior se registró la tarde del jueves 20 de abril. Saab informó sobre el suicidio de uno de los detenidos en el operativo anticorrupción. Se trata de Leoner Azuaje Urrea, quien, presuntamente, se quitó la vida en su celda y también se sumó a la lista de los presos políticos y por corrupción (13) que han fallecido bajo la custodia del Estado venezolano durante la administración de Nicolás Maduro.
«He comisionado a los fiscales nacionales 50 y 67 para investigar el lamentable suicidio del ciudadano Leoner Azuaje Urrea en su lugar de reclusión», escribió Saab en su cuenta en Twitter.
La madrugada del 19 de abril lo presentaron en un tribunal improvisado en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), junto al exvicepresidente ejecutivo de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Ysmel Serrano, y otro hombre identificado como Salem Hassoun Atrach, ambos relacionados con hechos ilícitos en la estatal.
Casos de Corrupción | Fiscal Saab informa que Leoner Azuaje se suicidó en su celda
Leoner Azuaje, seguidor de Chávez
Leoner Azuaje era ingeniero mecánico, graduado en la Universidad Central de Venezuela (UCV), con una especialización en Ingeniería gerencial en la Universidad Metropolitana. Además era profesor universitario. En su cuenta en Twitter se definía «defensor de las ideas de Chávez y Bolívar».
Según el portal Poderopedia, llegó a la directiva de Cartones de Venezuela en 2018, luego de que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) ordenara una ocupación temporal sobre la empresa estatal, ubicada en Carabobo.
A continuación, El Pitazo presenta una recopilación de los presos políticos y detenidos por corrupción que han muerto bajo custodia de los organismos de seguridad del Estado.
Otra de las piezas de corrupción
El expresidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y de Citgo, Nelson Martínez, fue detenido en noviembre de 2017 por estar involucrado en hechos de corrupción en la estatal. Murió el 12 de diciembre de 2018 en el Hospital Militar de Caracas, debido a una enfermedad crónica que padeció en prisión sin ser atendida.
Desde un general hasta un líder indígena
El general retirado Raúl Isaías Baduel, quien estaba bajo la custodia del Sebin, murió el 12 de octubre de 2021. Según el Ministerio Público (MP), su deceso ocurrió por un paro “cardiorrespiratorio producto del COVID-19, mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y ya administrada la primera dosis de la vacuna”.
Fue un exministro de la Defensa disidente del chavismo, que rompió con el gobierno del expresidente Hugo Chávez cuando en 2007 llamó a votar contra la reforma constitucional que buscaba la reelección presidencial indefinida. A Baduel lo detienen en 2009 y lo sentencian a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito. En 2015 salió de la cárcel, pero volvió en 2017 por, presuntamente, violar su libertad condicional y le imputaron nuevos delitos.
El funcionario policial Gabriel Andrés Medina Díaz, de 39 años, estaba preso desde el 24 de abril de 2020, luego de acusarlo de participar en un presunto plan para entregar a las autoridades estadounidenses al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.
«Gabriel estaba detenido preventivamente, sin condena. Llevaba más de un mes en grave estado de salud sin atención médica», publicó en Twitter el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, luego de conocer del fallecimiento de Medina. La autopsia arrojó que la causa de su muerte fue un paro respiratorio debido a tuberculosis.
En similares condiciones murió, el 3 de noviembre de 2020, el indígena pemón Salvador Franco. Estuvo recluido varios meses en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Luego lo trasladaron al Rodeo II, donde falleció por diversas complicaciones: edema cerebral, shock séptico, neumonía, tuberculosis y desnutrición.
Pedro Pablo Santana Carballo fue un ganadero que estaba bajo arresto domiciliario. Padecía varias complicaciones médicas: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca e hipertensión, que derivaron en su deceso el 14 de agosto de 2020. Lo detuvieron el 29 de agosto de 2019 por una presunta vinculación con actos terroristas.
Del terrorismo al magnicidio
Virgilio Jiménez fue un estudiante de 20 años que detuvieron el 7 de septiembre de 2017 y lo acusaron de terrorismo, instigación pública y posesión de artefactos incendiarios, luego de participar en protestas antigubernamentales en Barquisimeto, estado Lara.
Falleció el 5 de febrero de 2019 luego de presentar una “hemorragia con deshidratación y evacuaciones líquidas”. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), dos semanas antes de morir, Jiménez se comunicó con sus familiares para decirles que presentaba fiebre y pidió medicamentos y alimentos.
El capitán de corbeta de la Armada Nacional Rafael Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio de 2019 por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Lo señalaron de participar en un presunto intento de magnicidio y golpe de Estado contra Maduro. Murió una semana después de tu detención, el 29 de junio, luego de someterlo a torturas.
Otro detenido que murió fue el concejal Fernando Albán, quien, supuestamente, cayó de un décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Plaza Venezuela, hecho que ocurrió el 8 de octubre de 2018, tres días después de ser aprehendido. A los funcionarios que lo custodiaban los imputaron por homicidio culposo.
Rafael Eduardo Arreaza Soto murió durante un intento de fuga de varios presos, mientras los trasladaban a la Cárcel Militar de Ramo Verde en Los Teques. Este hecho ocurrió el 30 de noviembre de 2017.
Otro presunto suicidio
El 17 de septiembre de 2017 falleció el concejal Carlos Andrés García, después sufrir un accidente cerebrovascular en la sede del Sebin, en el estado Apure.
Lo detuvieron el 8 de diciembre de 2016, después de que las autoridades le incautaran una suma “sospechosa” de dinero en efectivo. Lo acusaron de instigación pública y saqueos registrados durante manifestaciones en esa población.
Por último, la ONG Foro Penal también registró el suicidio del preso político Rodolfo Pedro González Martínez el 12 de marzo de 2015, en la sede del Sebin en Caracas.
Apodado por el gobierno como “el Aviador” fue capitán de aviación comercial y propietario de una agencia de viajes. Lo hallaron muerto en su celda. Versiones coinciden en que se habría suicidado después de que lo torturaron psicológicamente y lo amenazaron con trasladarlo a una cárcel de alta peligrosidad. Detenido en abril de 2014, lo acusaron por los delitos de asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego.
Con información de archivo de El Pitazo
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