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lunes, 27 junio, 2022

Fundaredes exige información sobre salud de Javier Tarazona luego de 10 meses detenido

Fundaredes, que también pidió la liberación del activista, aseguró en su cuenta de Twitter que el estado de salud de Tarazona se ha deteriorado

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La ONG Fundaredes exigió este lunes, 2 de mayo, al Estado información sobre la salud de su director, Javier Tarazona, quien cumple hoy diez meses preso, tras haber sido detenido en julio de 2021, cuando fue acusado de terrorismo, incitación al odio y «traición a la patria».

La organización, que también pidió la liberación del activista, aseguró en su cuenta de Twitter que el estado de salud de Tarazona se ha deteriorado «por la vulneración de sus derechos básicos».

«Un defensor de derechos humanos no debe estar privado de su libertad. Ya son 10 meses de querer callar a quien por más de 20 años ha documentado, denunciado y difundido las violaciones de derechos humanos sistemáticas en el país», expresó la ONG.

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Tarazona permanece detenido desde el 2 de julio de 2021 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas, cuando, junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García, fueron «apresados y desaparecidos» en el estado Falcón «sin mediar argumentos, instrumentos procesales ni orden judicial», según ha denunciado Fundaredes.

Los tres fueron detenidos cuando acudieron a la oficina fiscal de Coro, capital del estado occidental de Falcón, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la Policía, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, de acuerdo con la organización.

García y Rafael Tarazona fueron excarcelados posteriormente bajo régimen de presentación.

La libertad de Javier Tarazona, considerado la principal voz de denuncia en el conflicto desatado el año pasado en el estado Apure, fronterizo con Colombia, entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las Farc, ha sido solicitada por diversas organizaciones de derechos humanos.

El pasado miércoles, una veintena de organizaciones humanitarias, entre las que estuvieron Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), enviaron una carta al presidente argentino, Alberto Fernández, en la que lo instan a pedir al Gobierno venezolano la liberación de los «presos políticos», en particular de Tarazona.

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