El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) le solicitó a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) este 11 de diciembre que haga un pronunciamiento claro y categórico por la liberación de los detenidos antes y después de la elección presidencial del pasado 28 de julio.
“Le solicitamos a los arzobispos y obispos un llamado claro y contundente para la liberación de los privados de libertad por motivos políticos, así como también hacer acciones concretas como la atención y el apoyo a los familiares”, declaró Diego Casanova, miembro del comité y cuyo hermano, José Gregorio Pérez, fue arrestado el 29 de julio.
Además de entregarle una carta con peticiones a las autoridades de la CEV, los parientes denunciaron las restricciones que han sufrido al visitar a sus familiares y la serie de adversidades que han enfrentado desde que fueron recluidos.
Ante la Iglesia y el Estado
Junto con las madres y esposas que velan por los detenidos, Casanova leyó la carta dirigida a la CEV frente al subsecretario, monseñor Rafael Bitter, para transmitirle directamente las inquietudes y los pedidos de los familiares.
Aparte de solicitar un pronunciamiento por parte de la institución, pidió que haya un espacio de reunión entre sus autoridades y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos para que puedan expresar sus preocupaciones con mayor regularidad y prontitud.
“En esta Navidad, cuando se celebra cristianamente el nacimiento de Jesús como redentor, rezamos para que sean escuchados como plegarias los pedidos de libertad en las celebraciones litúrgicas, solemnes y especiales de las tradicionales misas de aguinaldos”, agregó Casanova.
La carta del comité especifica que la mayoría de los familiares pertenecen a sectores populares y tienen escasos recursos económicos. Ante esas limitaciones, los parientes solicitaron la intervención y el respaldo de la Iglesia, ya que su influencia puede ser “determinante para sensibilizar a las autoridades competentes”.
Al referirse al Ministerio Público, el Clippve exigió la libertad inmediata y plena de los detenidos que fueron “sometidos a juicios sin imparcialidad judicial”. Asimismo, reclamó que sean eliminadas las restricciones a las visitas de los familiares y que se amplíe el número de parientes que pueden asistir.
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Garantizar la atención médica y el acceso a los medicamentos, así como acabar con las condiciones de hacinamiento y los tratos degradantes fueron otras de las exigencias. Además, recalcaron que los presos deben recibir la comida que les preparan y envían sus familiares para que tengan la mejor alimentación posible.
Luego de escuchar sus peticiones, monseñor Rafael Bitter las calificó como “válidas, pero sobre todo humanas”. También aseguró que la carta sería entregada a la presidencia de la CEV y aprovechó para hacer un llamado a las autoridades de los centros de detención, a quienes les pidió que “extiendan la mano” para ayudar a que el resto de detenidos sean excarcelados.
Años de resiliencia
Durante cuatro años y ocho meses, Mildred Martínez no fue atendida por ningún abogado o fiscal de la Defensoría del Pueblo hasta el pasado septiembre cuando, junto con las madres de los presos políticos detenidos en el período postelectoral, fue recibida por un representante del organismo.
“Ese día nos pidieron un dossier con las pruebas del caso de cada uno de nuestros familiares, eso no nos parece porque son las autoridades quienes están encargados de eso y no los parientes. Nosotros cumplimos con hacer las denuncias, sobre las que no recibimos respuestas”, explicó.
Martínez vela por la salud y seguridad de su esposo, Gilbert Barillas, quien era parte de la Policía Municipal del municipio Sucre del estado Miranda y fue detenido desde mayo de 2020 por estar presuntamente implicado en la Operación ‘Gedeón’.
“Solo hay visitas de 20 minutos un solo día a la semana, a los familiares nos encapuchan para llevarnos al sitio a donde los vamos a ver”, relató sobre su experiencia en el Rodeo I, el centro penitenciario al que fue trasladado su esposo en abril de este año, tras estar cuatro años y tres meses arrestado en El Helicoide.
Frente a la entrada de la CEV, Hiowanka Ávila reiteró el pedido de sus compañeras y exigió la libertad de su hermano, Henryberth Rivas, arrestado hace seis años. En agosto del 2018 hubo un presunto ataque con drones hacia el mandatario Nicolás Maduro y él fue acusado de ser parte del atentado.
“Hay familiares de muy bajos recursos que ni siquiera tienen para pagar un pasaje y les cuesta ver a los detenidos, hay madres que han tenido que dormir en la entrada de las cárceles para poder ingresar”, relató.
Ávila le pidió a la Iglesia que interceda para que el Estado “pueda demostrar un sentido de humanidad”. Además, pidió la revisión de cada uno de los casos, ya que hay reclusos que no estaban involucrados en las protestas poselectorales y aún así fueron arrestados.
Madres y esposas que persisten
“Ya es demasiado, mis piernas no me dan, mi cuerpo tampoco, sufro de la tensión, pero aquí estoy”, expresó Manuela González, quien ha estado cuatro meses viajando y asistiendo a los tres centros de detención en los que ha estado su hijo de 23 años, Anthony Quijada, privado de libertad el 29 de julio en Barcelona, estado Anzoátegui.
La madre se ha trasladado a Puente Ayala, Yare III y Tocorón para visitar al joven quien, cuando estaba esperando un taxi para ir a su casa, fue arrestado. Pese a que ella carga con varios bolsos en los que tiene sus pertenencias, dice que no le importa el dolor y continúa esforzándose para ver a su hijo.
La madre de Quijada se apoya en su fe y en los medicamentos que tiene en su equipaje. “Ese es mi desayuno de todos los días, un vaso de agua, mis medicinas y pa’ lante”, dijo. Además le agradeció al comité por el apoyo que le ha brindado.
“A veces tengo jornadas en las que regreso a las 8:00 o 9:00 p.m. sin nada en el estómago, pero no importa. Agradezco al comité porque, si bien no es un pan o un vaso de agua, nos ha dado ese abrazo transparente que no vemos”, comentó.
Desde el 29 de julio, Aurora Superlano también ha sufrido la detención de un familiar, la de su esposo Freddy Superlano. El dirigente de Voluntad Popular (VP) tiene 143 días preso y hasta ahora no se le ha concedido el permiso para que reciba visitas.
“Le llevo los medicamentos que él toma, pero no he podido verificar su estado actual”, explicó a El Pitazo. Aurora espera la orden de un superior, a quien ella describió como el “captor” de su esposo, para que le autorice la visita y así pueda verlo.
Por su parte, Francy Fernández, esposa del periodista Carlos Julio Rojas, detenido el 15 de abril de este año, instó al oficialismo a hablar y escuchar a los familiares de los privados de libertad. El activista de derechos humanos cumplirá el próximo domingo ocho meses bajo arresto y, el lunes siguiente, 250 días tras las rejas.
“Si el gobierno quiere dialogar con los familiares, que lo haga porque estamos abiertos a escucharlos, pero también deben escucharnos a nosotros”, enfatizó.
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