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jueves, 25 julio, 2024

Edmundo González denuncia que la inhabilitación de diez alcaldes opositores es una retaliación del Gobierno

González Urrutia aseguró que estas acciones del gobierno de Nicolás Maduro no los detendrán y que los venezolanos seguirán luchando por un país donde no haya persecución política

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El candidato presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, denunció este miércoles 19 la inhabilitación política de una decena de alcaldes de dos estados del país, por parte de la Contraloría General de la República.

A través de la red social X, el aspirante a las elecciones del 28 de julio aseguró que estos funcionarios municipales de los estados Trujillo (oeste) y Nueva Esparta (noreste) fueron inhabilitados en represalia por apoyar su candidatura, con la que se enfrentará al actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien busca su segunda reelección.

«Nuestro respaldo a los 10 alcaldes de Trujillo y Nueva Esparta, injustamente inhabilitados por apoyar nuestra candidatura. La creciente persecución confirma que Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará con determinación el 28 de julio», escribió González Urrutia en X, sin precisar los nombres.

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Asimismo, afirmó que él y el sector de la oposición que representa seguirán «luchando juntos por un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente» al Gobierno.

Según refleja este 19 de junio la página web de la Contraloría, los alcaldes opositores Iraima Vásquez (municipio Tubores) y José María Fermín (municipio Villalba), en Nueva Esparta; en Trujillo, Heriberto Materán (municipio Motatán), José Carrillo (municipio Urdaneta), Dilcia Rojas (municipio José Vicente Campo Elías), Yhonanti Domínguez (municipio Carache), Keiver Peña (municipio Sucre), Wilmer Delgado (municipio Monte Carmelo), Francisco Aguilar (municipio Andrés Bello), Cervando Godoy (municipio Márquez Cañizales).

La página de la institución indica que las inhabilitaciones se hicieron según dos resoluciones con fecha del 24 de mayo de 2024, aunque, de momento, no hay pronunciamiento de la Contraloría.

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