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viernes, 19 agosto, 2022

Diez años de la Misión Vivienda: entre las promesas y la opacidad

Al cumplirse una década de la creación de la misión, el gobierno de Maduro promete más viviendas en los próximos años, a pesar de que no hay claridad y transparencia en las cifras ni en las adjudicaciones de dinero ni en el marco legal regulatorio, según han advertido diversas ONG

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Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro conmemora 10 años de la creación de la denominada Gran Misión Vivienda Venezuela este viernes, 30 de abril. Este fue un plan gubernamental creado en 2011 por la administración del expresidente Hugo Chávez y enfocado en la construcción de lo que el propio exmandatario llamó viviendas dignas.

En días recientes, a propósito del décimo aniversario del plan gubernamental, Maduro aseguró que el petro, la criptomoneda gubernamental, representa un milagro para la Gran Misión Vivienda Venezuela y que en 2025 su administración llegaría e incluso superaría la cifra total de 5 millones de viviendas construidas.

Hasta el momento, según cifras ofrecidas por el gobierno de Maduro, al mes diciembre de 2020, el plan gubernamental había construido 3 millones 301.005 viviendas, números que de acuerdo con lo señalado por diversas ONG, como Transparencia Venezuela, no reflejan la realidad, pues la opacidad y la falta de claridad en el reporte de cifras han caracterizado al plan gubernamental.

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Asimismo, según lo precisado por la ONG en un trabajo conjunto con el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) y el medio independiente Efecto Cocuyo, al cumplirse la primera década de la Misión Vivienda, la ejecución financiera superó los 15.500 millones de dólares, cuyo destino no está claro, con un aporte de la estatal Pdvsa, de 2011 a 2019, de 44.67%.

Por otra parte, la ONG Acceso a la Justicia ha señalado que la premisa del programa gubernamental de garantizar el derecho constitucional y humano a un techo, desde el punto de vista legal está lejos de ser una realidad.

De acuerdo con Acceso a la Justicia, que cita en un reporte un estudio del Observatorio de Derechos de Propiedad de la ONG Cedice Libertad, los distintos instrumentos que regulan la política gubernamental de la Misión Vivienda no reconocen plenamente el derecho a la propiedad de los adjudicatarios de las viviendas, con lo que se los deja en estado de vulnerabilidad. «Además, las normas crean otras figuras no previstas en la Constitución que no garantizan la propiedad del bien«, añadió Acceso a la Justicia en su reporte.

Pese a todo, el gobierno de Maduro promete más viviendas en los próximos años, a pesar de que en la actualidad no hay claridad y transparencia en las cifras ni en las adjudicaciones de dinero ni en el marco legal regulatorio; y a pesar de que se está en medio de un entorno nacional de profunda crisis económica, agudizada por la pandemia del COVID-19.

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