“La violación de derechos humanos en Venezuela está peor”, sentencia la diputada Delsa Solórzano al ofrecer un balance desde la presentación del informe de la Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el pasado 5 de julio.
Torturas, detenciones contra disidentes del gobierno de Nicolás Maduro y persecución contra diputados son algunas de las acciones que se siguen cometiendo pese a la visita de la funcionaria y su posterior informe.
Solórzano hizo referencia a los casos del capitán de navío, Luis De La Sotta; el teniente coronel, Ruperto Molina y el teniente coronel, Igbert Marín Chaparro, así como el ciudadano Carlos Marrón, quienes se encontrarían bajo “desaparición forzosa”, según la diputada, pues no se sabe nada de ellos desde hace semanas. Estas personas estaban recluidas en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la última vez que supieron de ellos.
Ante esta situación, piden una fe de vida y que se permita el ingreso de los oficiales designados por la Alta Comisionada para estar en Venezuela durante tres meses y a quienes se les ha impedido el ingreso no solo a la Dgcim, sino a otros sitios de reclusión como el Sebin.
De acuerdo a Solórzano, todos los presos en la Dgcim “continúan siendo torturados”. Desde obligarlos a que respiren pinturas tóxicas hasta mantenerlos esposados durante todo el día serían parte de los tratos que reciben así como impedir que familiares y abogados los vean.
También citó casos como el del coronel José de Jesús Gámez Bustamante, detenido en la cárcel 26 de julio en el estado Guárico y quien ha sufrido dos accidentes cerebrovasculares sin recibir atención médica adecuada.
Tampoco ha sido visto por médicos Gleuvis , detenido por protestar y que sufre de epilepsia a raíz de su detención, según reporta Solórzano.
Sánchez fue trasladado desde la Dirección contra Terrorismo del Cicpc, hasta la sede del organismo ubicada en Parque Carabobo.
El caso de la clarinetista Karen Palacios también fue abordado por
Solórzano, que recordó que la joven fue excarcelada pero tiene orden de presentación cada 30 días. Además, aún sigue con defensores públicos puesto que no le han permitido juramentar a sus abogados de confianza. Por cierto, en relación a este caso, Solórzano informó que el primer defensor público de Karen, que solicitó la libertad con cautelares fue destituido.
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También está el caso de Vasco Da Costa a quien se le confirmó que padecía cáncer después de tener un tumor en uno de sus ojos y no recibir atención médica a tiempo.
Pero además, Solórzano denuncia que otro aspecto del “informe Bachelet” que se incumple es el relacionado a la Asamblea Nacional. A la lista de parlamentarios perseguidos se suma el diputado Franklin Duarte, a quien la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) le abrió una investigación, mientras que el primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, ya lleva nueve días en huelga de hambre. El diputado exige la liberación de cuatro de sus colaboradores detenidos junto a él así como exige el derecho a que lo visiten su familia y abogados.
Por otro lado, Solórzano cuestionó que Nicolás Maduro le diera un “espaldarazo” a las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana.
“¿Significa que es un permiso para matar?”, se pregunta la parlamentaria.
La alta comisionada para los Derechos Humanos pidió la eliminación de este cuerpo de seguridad, que es acusada de cometer ejecuciones extrajudiciales.
Pese a que el balance hecho por la diputada a dos semanas del informe es negativo, Solórzano destaca que la respuesta a Maduro por parte de la comunidad internacional ha sido “contundente”.
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Se refiere a la solicitud hecha por el Parlasur que aprobó invitar a Michelle Bachelet, así como las recientes resoluciones de la Unión Europea que respaldan el informe y piden acciones para detener estas violaciones.
Solórzano recordó que Juan Guaidó, en su condición de presidente encargado de Venezuela, invitó a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para que visite el país y advirtió que “Maduro tendrá que asumir el costo de no permitir la entrada de estos funcionarios”.
Por último, la parlamentario aprovechó para invitar a la ciudadanía a que participen el próximo martes en la gran sesión de calle que convocó la Asamblea Nacional.
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