La información que reveló el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la empresa Telefónica Venezolana, Movistar en el país, muestra un esquema de soborno a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro para recibir acceso preferencial a dólares estadounidenses en subastas de divisas en 2014 y ocultar los pagos ilícitos mediante la compra de equipos a precios inflados.
La operación se hizo a través del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), un mecanismo creado en el primer mandato de Nicolás Maduro, en 2013, administrado por el Banco Central de Venezuela (BCV). El país tenía control de cambio desde 2003.
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La empresa debe pagar 85 millones de dólares tras un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la resolución de una investigación sobre un esquema de sobornos a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, que incluyó lujosas vacaciones en el Caribe y relojes costosos.
Este 11 de noviembre, se conoció la salida del directivo de Movistar Pedro Cortez, quien terminó su relación con la empresa recientemente después de dirigir Telefónica Perú, según su perfil de LinkedIn. Cuando ocurrió el esquema de sobornos era presidente ejecutivo y consejero delegado de Telefónica Venezolana, cargos que ocupó de 2012 a 2018. Medios españoles trataron de contactar a la empresa para confirmar los vínculos de su salida, pero no respondió.
¿Cómo se estructuró el soborno?
El Pitazo revisó el documento completo que emitió el organismo estadounidense para explicar el soborno que se reportó y lo que pasó entre Telefónica y funcionarios del Estado. El expediente dio a conocer las fechas y la trama, pero no los nombres de los involucrados:
- Telefónica Venezolana quería comprar equipos a dos filiales venezolanas de empresas multinacionales de equipos y sistemas de telecomunicaciones. Sin embargo, dichas empresas, mencionadas A y B, no aceptaban el pago en bolívares, sino en dólares.
- Los clientes pagaban a la Telefónica en la moneda nacional, es decir, en bolívares, pero debido a estrictos controles cambiarios no podía acceder a dólares.
- Desde 2010, se reportaron equipos deteriorados y en mal estado. En 2013, el Gobierno comenzó a promocionar subastas de divisas a través del Sicad. Al año siguiente abrió una para empresas de telecomunicaciones. Telefónica supo de la convocatoria antes de que se hiciera pública.
- Los implicados, señalados empleado 1 e intermediario, intercambiaron correos con un contrato de consultoría que ofreció una empresa.
- En agosto de 2014, se recibió la información de la aprobación total de los dólares que se solicitaron en el Sicad. En ese momento, se conoció que otorgaron alrededor de 56 millones de dólares. El BCV realizó el débito en bolívares y se adjudicaron las divisas en una cuenta de la empresa en un banco de New York.
- Entre noviembre y diciembre de 2014, se transfirió una parte del monto, alrededor de 13 millones de dólares, a una de las empresas que iban a vender sus equipos. Después le pagaron a otra cerca de 15 millones de dólares.
- Telefónica, a través de estos dos proveedores, realizó pagos corruptos de al menos 28 millones de dólares al intermediario y a otra empresa, constituida en Panamá, que iban a beneficiar a funcionarios del Gobierno. La empresa cubrió el costo de los sobornos al aceptar comprar equipos de la Compañía A y la Compañía B a precios inflados, utilizando la moneda estadounidense obtenida en la subasta.
- Telefónica Venezolana sabía que una parte importante se pagaría en concepto de «comisión» que, al menos en parte, estaba destinada a beneficiar a funcionarios del Gobierno venezolano para influir en los resultados de la subasta de divisas.
- Los involucrados también canalizaron pagos corruptos por más de 22 millones de dólares hacia y desde cuentas bancarias, corresponsales en instituciones financieras de Nueva York.
¿Qué es el Sicad?
El Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) era para que las empresas privadas, establecidas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad), tuvieran un mecanismo complementario de acceso a dólares preferenciales. Un órgano paralelo a la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
Este sistema funcionaba con subastas de montos en dólares determinados y con una asignación de recursos para operaciones de importación que se iban a verificar para asegurar que los fondos llegaban al objeto declarado. No tenía un precio establecido diario, sino que variaba. Después de que a la empresa privada se le asignaban las divisas y pagaban su cambio en bolívares, el BCV contactaba con el agente financiero que facilitara una carta de crédito al beneficiario para realizar la operación.
Para asegurar su éxito en la subasta, Telefónica Venezolana pagó en el entendido de que algunos de esos fondos se entregarán de “comisión” a funcionarios del Gobierno venezolano, a través de cuentas bancarias en Estados Unidos. Luego de estas transacciones ilegales, Telefónica Venezolana obtuvo permiso para intercambiar y recibir más de 110 millones de dólares a través de la subasta.
Políticas anticorrupción
Pese a estos señalamientos, desde Telefónica S.A. mantienen desde 2015 una política anticorrupción que aplica a todas las empresas y filiales, relacionadas con la aceptación y ofrecimiento de regalos o invitaciones que prohíben todo tipo de soborno. “Integridad implica honestidad y actuar de acuerdo con unos estándares éticos innegociables”, añaden sus reglas disponibles en su página web.
El periodista de la agencia AP, Joshua Goodman, detalló que con parte de los ingresos del plan de sobornos, la empresa española financió las vacaciones de 500.000 dólares de un funcionario venezolano en San Bartolomé, una isla francesa en el Caribe. Según Goodman, en ese viaje se gastaron 605.000 dólares más en relojes y joyas de lujo para el funcionario y su esposa.
La política anticorrupción de la empresa rechaza este tipo de sobornos:
- No pueden ofrecer puestos de trabajo a familiares, viajes, alojamiento, entretenimiento, comidas, reembolso de gastos, favores, oportunidades de negocio o empleo, cumplimiento de la solicitud de entregar algo de valor a un tercero, contribuciones a fines benéficos o a otras organizaciones sin ánimo de lucro y patrocinios promocionales.
- Terceros actuando en nombre o por cuenta de la Compañía o de cualquier entidad propiedad de, o controlada por la Compañía, que puedan interactuar con agentes externos, especialmente en el caso en que estos sean funcionarios públicos
- Se prohíbe ofrecer, prometer, pagar, dar o autorizar la entrega de cualquier objeto directa o indirectamente de cualquier funcionario/empleado público, para obtener o mantener un negocio o cualquier otra ventaja. Esta prohibición se aplica independientemente de si el pago es para facilitar, acelerar o agilizar trámites.
- Se prohíbe ofrecer, prometer, pagar, dar, autorizar la entrega a terceros o aceptar objetos de valor de tal relevancia que puedan condicionar ilícitamente la conducta.
- La violación de lo establecido en esta política se considerará una infracción sujeta a la acción disciplinaria que determine la Dirección de Recursos Humanos, tras su oportuno análisis y de acuerdo al régimen laboral aplicable siendo, en todo caso, de la mayor gravedad cualquier forma de corrupción.
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