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viernes, 24 mayo, 2024

CIDH: el Gobierno de Venezuela debe garantizar la participación política de la oposición

La CIDH rechazó que el Ministerio Público abrió una investigación penal contra las personas organizadoras de la elección Primaria de la oposición, la cual se realizó el pasado 22 de octubre

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Caracas.- Aunque reconoce la importancia del reciente acuerdo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que para que esto contribuya a superar la crisis en el país, el Estado debe garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.

Los derechos políticos están protegidos por el derecho internacional. En el contexto venezolano son, además, un punto medular para los diálogos y para la superación de la crisis, por lo que resulta imprescindible que no se criminalice las iniciativas de participación ciudadana”, reiteran en un comunicado publicado en la página de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Asimismo, la CIDH aprovechó para rechazar el hecho de que el Ministerio Público abrió una investigación penal contra las personas organizadoras de la elección Primaria de la oposición, la cual se realizó el pasado 22 de octubre.

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“Hecho que la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) rechazan no solo por contrariar el espíritu de los acuerdos alcanzados, sino debido a su efecto desalentador en la participación política”, apuntaron.

Aseveraron diciendo que un diálogo amplio, efectivo y participativo requiere de garantías a la libertad de expresión, reunión y asociación, reseñando que en lo que va de 2023, al menos 9 radios cesaron sus transmisiones por órdenes administrativas en los estados Táchira (3), Portuguesa (2), Anzoátegui (1), Bolívar (1), Barinas (1) y Carabobo (1).

“La CIDH y la RELE subrayan la relación existente entre los derechos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión y la libertad de asociación, y que estos derechos, en conjunto, fortalecen y garantizan la democracia. Por lo tanto, el Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva y sin ningún tipo de discriminación”, agregaron.

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