Caracas.- La ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) indicó que para el primer semestre del año 2022, 32% de los 300 casos de persecución y criminalización registrados en el país fueron contra profesionales de la comunicación.
Según un estudio realizado por la organización a partir de investigaciones publicadas a nivel nacional e internacional, así como denuncias recibidas en su portal web, los meses con los mayores picos de persecución a comunicadores serían enero y mayo.
En este sentido, el documento expone que de los 300 actos de persecución y criminalización identificados durante el primer semestre de 2022, 96 se produjeron contra trabajadores de la comunicación, representando el 32% de la totalidad de víctimas.
En dicho período, detalla el informe, 34 trabajadores de la comunicación fueron hostigados o amenazados por funcionarios del Estado o por activistas políticos vinculados con el gobierno de Nicolás Maduro.
Mientras tanto, 24 profesionales del área se encontraron con severas limitaciones al momento de registrar hechos noticiosos, entre las que se registran 2 detenciones y 2 procesos judiciales arbitrarios.
Asimismo, 27 páginas web fueron bloqueadas, 5 emisoras de radio cerradas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y 2 fueron perjudicadas por cortes de electricidad, escasez de combustible, así como falta de recursos para reparar equipos que se ven afectados por las irregularidades con el servicio eléctrico.
FAN y políticos entre los más perseguidos
Los agentes de la Fuerza Armada Nacional (FAN) ocuparon el segundo lugar de los más perseguidos dentro del territorio nacional, con un registro total de 93 casos y una tasa porcentual del 31% con respecto al estudio. Por su parte 69 persecuciones fueron contra personas vinculadas con la política (23% de la totalidad de los casos).
El cuarto lugar del estudio lo ocupa la población general con el 9% de los casos documentados, a partir de un registro de 27 actos de persecución y criminalización. Finalmente, 15 organizaciones de la sociedad civil, además de defensoras y defensores de derechos humanos fueron criminalizadas, simbolizando el 5% de la totalidad de las víctimas.
Ante los datos obtenidos, la ONG concluyó que «cada 14 horas una persona u organización es perseguida o criminalizada por parte del gobierno de Nicolás Maduro».
Más de 120 casos en un mes
El informe del Cepaz expone que el mes con un mayor número de casos registrados durante el primer semestre del año en curso fue junio, «con al menos 125 casos».
Precisa que el alza de los casos en este período tuvo lugar «principalmente» por causa de la «arremetida» contra 93 funcionarios de la Fanb, con órdenes de aprehensión arbitrarias «que buscaron controlar y silenciar a los funcionarios».
Mientras tanto, enero fue el segundo mes con la mayor documentación de casos de persecución y criminalización, con al menos 55 casos. En la investigación se relaciona el número de registros con la celebración electoral para la Gobernación del estado Barinas, desarrollada el día 9 de ese mes.
El Cepaz recordó que los datos expuestos «no son absolutos, sino demostrativos de la existencia de una política de persecución y criminalización», e indicó que el número de casos y de víctimas «puede superar lo demostrado en el informe, ya que, además de que los monitoreos constituyen un subregistro de casos, existe una fuerte censura y represión que ocasiona que no se tenga acceso a toda la información o que la víctima tema denunciar».