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viernes, 29 marzo, 2024

¿Cambió el escenario para la activación del referendo revocatorio?

El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Ucab, Benigno Alarcón, señaló que la reciente declaración del CNE en la que exonera la recolección del 1% de las firmas constituye un cambio en la normativa, si bien no ha habido un anuncio oficial sobre una modificación al reglamento

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Caracas.- Además de la repetición de las elecciones de gobernador en Barinas, el pasado 9 de enero, este año está marcado electoralmente por la posibilidad de que se active el referendo revocatorio contra el gobernante Nicolás Maduro. La solicitud de activación de este mecanismo está precedida por un intento fallido en 2016, en el que decisiones de tribunales de Apure, Aragua, Bolívar, Carabobo y Monagas anularon la validez de las firmas correspondientes al 1 % requerido por el reglamento para pasar a una siguiente etapa de la solicitud.

En esta oportunidad, el Consejo Nacional Electoral (CNE) exoneró este requerimiento y solo se requerirá que el 20 % de los inscritos en el Registro Electoral manifiesten su voluntad, según lo establecido en el artículo 72 de la Constitución. De acuerdo con el abogado y director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Benigno Alarcón, la declaración realizada por el ente comicial implica, de alguna forma, un cambio en el reglamento o en las normas que se estaban aplicando, si bien señaló que el reglamento más reciente que existe es de 2016 y, hasta el momento, no se sabe si el CNE lo va a modificar.

El director de la organización Súmate, Francisco Castro, considera necesario esperar la publicación del cronograma por parte del ente electoral, pues, a su juicio, no queda clara la información expuesta este lunes, si bien supone que la normativa debe ser modificada para obviar ese paso que, además, considera inconstitucional.

Para el periodista y analista político Eugenio Martínez, eliminar el requerimiento del 1 % constituye una reducción de al menos 62 días de trámites burocráticos. Aseguró que en 2016 se perdieron, con este requisito, alrededor de cuatro meses entre debates políticos, legales y técnicos. “Adicionalmente, el CNE, en dos horas, resolvió tres de los ocho pasos que se necesitan para realizar el revocatorio, ahorrándole a los promotores casi 17 días hábiles de espera en trámites burocráticos”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Trabas al revocatorio

Alarcón recordó que en 2016 este mecanismo no se pudo activar debido a decisiones que catalogó de arbitrarias, delegadas a tribunales que no tenían competencia en materia electoral. “Fue una manera de detener bruscamente el avance del referendo revocatorio”, dijo a El Pitazo. De esa oportunidad, la lección que rescata el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Ucab es la necesidad de presión ciudadana para que el mecanismo se pueda concretar.

“En la medida en que haya presión ciudadana, lo puede haber. En 2016 no se peleó la decisión emitida por tribunales penales ni se ejerció presión”, apuntó. Considera que el gobierno de Maduro hará todo lo posible por evitar el referendo revocatorio, si siente que puede perder y, a su juicio, ese es el escenario más seguro.

En ese sentido, aseguró que la única manera en que se puede bloquear el referendo es con presión interna y externa que facilite el ejercicio de ese derecho. Asimismo, consideró “casi seguro” que a la solicitud de activación de referendo se adhieran otras organizaciones políticas y civiles opositoras. Destacó que el apoyo social al referendo revocatorio, en julio de 2021, rondaba el 80 % y considera que aumentó, lo que indica mayor presión.

Tomando en cuenta la experiencia de 2016, Francisco Castro considera que no existen garantías de que el referendo revocatorio pueda realizarse y señaló, además, que en 2004 el camino «estuvo accidentado».

«En Venezuela no existe independencia de poderes que permita ofrecer garantías de arbitraje institucional transparente, con lo cual, el camino electoral, tanto el referendo como cualquier elección, siempre va a estar plagada de incertidumbres asociadas, por un lado, a las garantías o condiciones electorales y, por otro lado, al respeto de los resultados que se traduzcan en el ejercicio o reconocimiento legítimo de la consecuencia de la elección», declaró a El Pitazo, y recordó el reciente caso del estado Barinas.

Sin embargo, resaltó que el referendo es un derecho constitucional que los ciudadanos están en su derecho de activar, pese a que la norma de 2016. «Es inconstitucional y está diseñada para evitar la convocatoria del referendo revocatorio o hacerla muy engorrosa». A su juicio, el sistema está diseñado para proteger al funcionario a revocar y no para que el ciudadano pueda ejercer su derecho en los mismos términos que cuando votó para elegir.

«Desde Súmate estaremos atentos a realizar contraloría al respecto y exigir que se respete la Constitución y se facilite este derecho. Vale la pena destacar que el derecho a revocar tiene el mismo rango y nivel constitucional que el derecho a elegir», refirió.

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