Caracas.- Venezuela alcanzó “un nuevo hito” en el deterioro del Estado de derecho. Así definió la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la situación política y social del país este 17 de septiembre, en un informe anunciado por la Misión de Determinación de los Hechos, que evaluó las violaciones a los derechos humanos entre septiembre de 2023 y agosto de 2024.
Los asesinatos, las detenciones arbitrarias y una política de represión impuesta por el Ejecutivo venezolano durante el contexto postelectoral también fueron denunciados. Ante el adelanto de este informe, que será presentado el 19 de septiembre, el abogado y defensor de derechos humanos Joel García aseguró, en entrevista con El Pitazo, que será tomado en cuenta por los organismos internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional (CPI), porque “reveló el carácter antidemocrático” del gobierno de Nicolás Maduro.
Expuesto ante el mundo
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, apuntó directamente a los funcionarios venezolanos en su declaración. Los actos represivos, antes y después de las elecciones del 28 de julio, tuvieron responsables claros: las fuerzas de seguridad del Estado y grupos civiles armados alineados con Maduro. “Todo fue orquestado en los más altos niveles civiles y militares en el Gobierno”, reveló, al mismo tiempo, afirmó que se alcanzaron niveles de violencia “sin precedentes”.
Según García, esta afirmación evidenció el comportamiento del Gobierno venezolano sobre los derechos humanos, que ha estado marcado por la persecución contra la disidencia política. Entre las más de 2.000 detenciones reportadas, están los casos de los dirigentes políticos Freddy Superlano, Perkins Rocha, Biagio Pilieri y Williams Dávila, así como también las de 158 menores de edad (algunos con discapacidades).
Otra de las reflexiones que hizo fue la repercusión que tendría este informe en la investigación de la CPI, que indaga sobre las violaciones de derechos humanos en 2014 y 2017 hasta la actualidad. En relación con las averiguaciones del fiscal Karim Khan, los actos que cometen las fuerzas del Estado tienen “mucha connotación” con lo que la Corte realiza.
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“Puede tenerlo como fundamento para esgrimir otros argumentos y sustentar otras investigaciones de las que se realizan”, indicó el abogado sobre Khan y recordó que el mismo fiscal ha reconocido que estaba atento a la situación postelectoral de Venezuela.
Además del tribunal internacional, la Organización de Estados Americanos (OEA), por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), condenaron hace un mes las prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela. “Allí también tendría repercusión. Este informe tiene mucha valía en el contexto internacional y para futuras acciones que puedan tomar”, explicó García.
Sin el debido proceso
Una de las conclusiones más contundentes del informe, aparte de confirmar 25 muertes durante las protestas postelectorales, fue que, entre las decenas de casos investigados, solo a 10 personas se les pudo asignar una defensa privada. Respecto a este dato, el abogado reiteró que en Venezuela hay un irrespeto al debido proceso.
“Eso muestra que se juzga a las personas sin poder defenderse y se traduce en que todas son llevadas a un procedimiento sin derecho a la defensa ni a una investigación”, agregó García.
Las detenciones y procedimientos judiciales estuvieron marcados por el incumplimiento de las garantías procesales mínimas y la ausencia de la Ley Orgánica para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Lopnna) a los menores de edad. “El Gobierno ha instrumentalizado todo el aparato estatal, incluido especialmente el sistema de justicia”, sentenció la Misión de la ONU.
Las irregularidades y omisiones en los procedimientos no solo se han limitado a los casos de detenidos, sino también se comprobaron en las instancias electorales. García recordó que el CNE no publicó los resultados desagregados por estado, municipio, mesa y centro de votación, además de proclamar presidente a Maduro un día después de anunciar su reelección y sin realizar las auditorías postelectorales.
Entre otros señalamientos que hizo García, estuvo la acción de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Sin mostrarnos nada, convalidó el resultado”, afirmó sobre la sentencia que no fue publicada de forma extensa, sino un extracto de ella. También desconoció el peritaje hecho por miembros del CNE, un hecho que se conoció tras la investigación de Armando.Info. Además, la Sala mantiene resguardado el material que entregó el ente electoral, por lo tanto, nadie más tiene acceso a él para verificarlo.
“Precisamente, esta duda y opacidad que no había ocurrido en Venezuela, deja ver que algo se está ocultando”, comentó el abogado y reiteró que los organismos internacionales, los parlamentos de otros países y sus gobiernos considerarán este nuevo informe de la ONU en sus próximas decisiones.
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Defensores limitados
En medio de las vulneraciones a los detenidos, hay otras personas que ven limitadas sus capacidades para actuar: los defensores públicos. Pese a tener los conocimientos y la disposición de abogar por el acusado, se les prohíbe hacerlo. Su labor tiende a ser más de acompañamiento, ya que cuando toca ejercer algún recurso, las autoridades judiciales no lo permiten.
“Sé de defensores que les han prohibido ejercer apelaciones, interponer excepciones, contestar acusaciones”, relató García. Los argumentos de defensa en las audiencias existen, pero no son dados ha lugar por los jueces. El papel de los abogados está limitado a ser una figura que representa a la defensa, pero que no tiene forma de interceder.
El informe de la ONU se presentó dos meses y medio después de que el fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que en Venezuela se han reducido 40 % las denuncias por violaciones a derechos humanos. La realidad es que, según el abogado García, a los defensores públicos se les impide denunciar esos hechos.
“De haber sido asistidos por defensa privada, los casos por violaciones de derechos humanos serían un número abultado en las fiscalías”, afirmó. Incluso, entre las vulneraciones al debido proceso, hubo visitas domiciliarias de las fuerzas del Estado para practicar allanamientos sin órdenes judiciales y cometer detenciones arbitrarias.
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