Maturín.- Tras 20 días del desalojo del anexo femenino de la cárcel de La Pica, la comunicación entre reclusas y familiares no es constante. Es poco lo que se puede decir en dos minutos de conversación cuando el dinero lo permite: solo se pregunta por los hijos y el resto de la familia.
Eso lo sabe muy bien Juana, familiar de una de las 140 mujeres desalojadas del Centro Penitenciario de Oriente, en Monagas, el 11 de junio. Juana habló con El Pitazo este 1 de julio solicitando resguardar su identidad y el sitio de reclusión por temor a represalias en contra de la presa.
Juana declaró que lo primero que supo su familiar al pisar su nuevo sitio de reclusión fue que cumplirá su condena de 16 años fuera de Monagas. “Ellas no van a regresar. Una juez le dijo que ya estaba condenada y que iba a cumplir su pena en la nueva cárcel”, aseguró.
La noticia las tomó por sorpresa, pues las reclusas salieron de Maturín con la esperanza de regresar cuando la remodelación del anexo femenino de la cárcel de La Pica estuviera lista, como lo anunció el Ministerio de Servicios Penitenciarios en el momento del desalojo. Los trabajos comenzaron este jueves, 30 de junio, según confirmó Una Ventana a la Libertad. Se derrumba la fachada y se espera construir un muro más alto que el anterior.
De acuerdo con lo publicado por el ministerio, el anexo femenino será convertido en el Centro de Formación Femenina de Mujeres Nuevas y por ello, se ordenó el traslado hacia el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) y el Centro de Formación Femenina La Crisálida, en el estado Miranda, así como a los anexos femeninos de las cárceles de Carabobo, Lara y Sucre.
“Lo que hicieron con esas mujeres no es justo. ¿Por qué no desalojaron el penal? Se supone que los hombres son más violentos que las mujeres”, cuestionó Juana al recordar la conversación con Margarita, como pidió nombrar a su allegada.
Una dura realidad
Vivir alejadas de sus familias es duro. Juana asegura que su familiar pasa los días sin la esperanza de ver a sus hijos o sus hermanas. Pero también afrontando su nueva realidad: sin comida, ropa, artículos de higiene personal, medicinas, dinero o teléfono. La familiar de Juana es cardiópata y las medicinas que le dan en la cárcel no le ayudan a controlar su afección.
“Cuando estaba aquí (Maturín) era más fácil, porque yo podía ir a verla, llevarle comida caliente, pero estando en otro estado del país es mucho más difícil, porque, primero, solo reciben visitas una vez al mes, y segundo, no solo se debe estimar el gasto del traslado sino también de hospedaje”, explicó.
Para Juana y su familia es difícil reunir tanto dinero cuando deben solventar los gastos de su casa. Un traslado desde Maturín hasta Caracas cuesta 20 dólares en autobús y desde Caracas a Barquisimeto se estiman otros 20 más.
La familia de Margarita prefiere hacer un contacto con algún familiar de otra presa para que los ayude a comprar sus cosas cuando puedan transferir dinero. Mientras, en este tiempo solo han podido enviarle 10 dólares al cambio para que solvente sus necesidades.
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