Caracas.- Marino Alvarado, coordinador legal de la ONG Provea, precisó que en Lara las cifras de ejecuciones extrajudiciales disminuyeron de forma significativa –entre 80 % y 90 %– con respecto a los años 2020 y 2021, después de la alta letalidad durante los operativos de las extintas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en la región.
La declaración la hizo en Barquisimeto, en ocasión de la presentación del Informe Anual de Provea titulado Desigualdad e impunidad: la pandemia en Venezuela.
“Estas cifras nos llaman a la reflexión. ¿Hasta dónde las autoridades anteriores permitieron que las FAES actuaran con total impunidad, al punto de que el estado Lara estuvo en los primeros lugares con mayor cantidad de muertes causadas por policías y militares en el país?”, preguntó Alvarado.
Informe sobre ejecuciones extrajudiciales revela que la PNB es el organismo más letal
En este sentido, exhortó al actual gobernador de Lara, Adolfo Pereira, a actuar contra la delincuencia con pleno respeto de los Derechos Humanos, para que los números del 2023 en relación con la violencia policial y militar sigan disminuyendo.
“Venezuela no se arregló”
Sobre el Informe Anual de Provea, Marino Alvarado mencionó que la pobreza se ha incrementado, la calidad de vida de la población ha desmejorado y “está demostrado que Venezuela no se arregló” porque los problemas estructurales que padecen las familias persisten.
“Vemos que hay grupos pequeños que se enriquecen más y una gran mayoría de la población que está cada vez más pobre y con menos calidad de vida”, agregó el coordinador legal de Provea.
Adicionalmente, dijo que el Gobierno venezolano muestra falta de voluntad para cumplir con el convenio que suscribió con la Corte Penal Internacional (CPI), que obliga a investigar los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país.
Según los datos que maneja la organización, existe más de un 90 % de impunidad por las muertes ocurridas en los años 2014 y 2017, en los contextos de protesta. Además, en el 2022 hubo 824 personas asesinadas por policías o militares en el país.
“También ha avanzado (el Gobierno) en los esfuerzos por reducir el espacio cívico y aumentar los obstáculos para que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer su trabajo”, acotó.
Por último, ratificó desde Provea la necesidad de que el Estado venezolano ejecute políticas efectivas “para revertir la grave situación económica y social”, además de cumplir su compromiso ante la CPI: investigar y sancionar a los responsables de los crímenes.
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