Barquisimeto.- Motorizados de las parroquias Humocaro Alto y Humocaro Bajo, en el municipio Morán, se concentraron la noche del domingo 3 de noviembre frente al módulo de la policía estadal, adyacente a la plaza Bolívar de Humocaro Bajo, para reclamar contra presuntos abusos de los funcionarios de este punto de control.
Una fuente local y líder social en la zona contó que cuando llegaron los manifestantes al módulo cerca de las 9.00 p.m., exigieron que se les devolvieran sus motos y cédulas de identidad a unos 20 motorizados, a quienes los funcionarios les habían retenido sus vehículos ese mismo día. La presión ejercida hizo que les devolvieran las motos y documentos esa misma noche.
Aseguró que la comunidad agrícola está cansada de lo que considera un «matraqueo y ya está bueno» por parte de los funcionarios policiales, quienes, exigen documentos en alcabalas montadas en puntos estratégicos, principalmente en la Y de Humocaro Alto, camino a Barbacoa, y en la entrada de Humocaro Bajo.
Según la fuente, los motorizados, en su mayoría campesinos que transportan hortalizas en sus vehículos, son frecuentemente detenidos y forzados a pagar una multa inmediatamente, sumas en efectivo o con partes de sus cosechas para evitar la retención de sus motos, que consideran una herramienta de trabajo.
Se aprovechan de la ignorancia
La fuente informó que la Policía estatal alega que debe responder por una «cuota diaria» de procedimientos. Los policías, según relata el líder social, instalan las alcabalas en lugares de baja visibilidad y sin señalización adecuada, lo que ha causado accidentes en el pasado. La práctica, dice, ha llegado al punto de afectar a gran parte de la comunidad.
Expresa que la mayoría de los productores traslada sus hortalizas en motos por lo costosa de la gasolina, pero los funcionarios los paran en alcabalas pidiéndoles una «infinidad de papeles» y las últimas veces han optado por quitarles las motos y pasarlas a Fiscalía, en vez de colocarles las respectivas multas administrativas.
«La gente, a veces, (…) pagan en dólares y ese dinero, pues obviamente se lo quedan, eso se ha vuelto un vicio terrible entre la (Policía) estadal y la nacional y viven de eso, en la mañana vienen a eso de las 11.00 y colocan la alcabala», señala la fuente, quien entiende la aplicación de multas por infracciones, como la falta de casco, pero no que por esta razón sean retenidas las motos y hasta las cédulas de identidad. Acota que los policías se aprovechan de los campesinos, quienes en su mayoría desconocen las leyes de tránsito.
La situación escaló el domingo, cuando una mujer que transitaba con su hija fue detenida mientras iba a comprar medicinas. La retuvieron hasta las 9.00 p.m., lo que indignó a la comunidad. Según un residente, «bajamos todos a ayudar y, tras exigirlo, devolvieron las motos y las cédulas».
Testimonios de abuso
Otra residente afectada denunció que le exigieron una transferencia de 580 bolívares; otro ciudadano, detenido por la misma infracción, falta de casco, pagó solo 350 bolívares. “Me gritaron y maltrataron cuando pedí una explicación”, afirmó la mujer, quien aseguró que sus papeles estaban en regla.
Las denuncias también incluyen casos de conductores que aseguran conocer sus derechos, pero son ignorados. Un hombre relató vía telefónica a El Pitazo que al intentar explicar sus derechos, según la Ley de Convivencia Ciudadana y la Ley de Tránsito Terrestre, una funcionaria le ordenó salir de la estación sin más explicaciones.
“Ya el pueblo está cansado”
El líder social de la comunidad advirtió que la situación podría desencadenar una protesta mayor. “No dejen que el pueblo se obstine, porque cuando el pueblo se obstina, pasan cosas como el Humocarazo, cuando quemaron el módulo policial. Este pueblo es fuerte y ya está cansado”, advirtió, haciendo un llamado al gobernador del estado Lara para que intervenga y ponga fin a los abusos.
La experta en vialidad y coordinadora de la ONG Asotránsito, Lilian Romero, explicó en una entrevista a El Pitazo, en enero de 2024, que Conductores tienen un plazo de 72 horas para apelar y 15 o 30 días para cancelar una multa en todo el territorio nacional.
La imposición de sanciones dependerá de la norma por la que se rija el funcionario actuante, porque la Ley de Tránsito Terrestre dicta que las multas se establecen con base en la Unidad Tributaria (UT) y que se cuenta con un plazo de 30 días para pagarla; mientras que la Ley de Convivencia Ciudadana dicta que el pago debe ser en dólares y que otorgan 15 días para cancelar, este último estatuto es por el que se rigen los municipios.
El artículo 181 de la Ley de Transporte Terrestre establece que ningún funcionario puede retener algún vehículo si no se paga la multa de inmediato. La coordinadora de Asotránsito indicó que es una medida ilegal, ya que las multas son sanciones administrativas y los infractores requieren de tiempo para pagar.
También resaltó que está prohibido que funcionarios trasladen a conductores hasta alguna sede policial o de seguridad vial para imponerles la multa. La actuación debe ser en el lugar de los hechos.
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