Donald Trump planea comenzar las deportaciones masivas con los migrantes con antecedentes penales, pero su plan es tan vago que podría incluir a los que tienen protección temporal y permiso para trabajar en Estados Unidos, desde los que están cobijados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta los que han sido admitidos a través de la aplicación CBP One, advierten diferentes organizaciones. Lo cierto es que el incremento en el número de personas en movilidad que hubo en la administración Biden ha llegado a su fin, anticipan analistas
En estas últimas horas hemos tenido noticias de que el presidente número 47 de Estados Unidos, Donald Trump, prepara una gran redada en Chicago, Illinois, para arrestar y deportar a inmigrantes con antecedentes penales.
La operación de Chicago comenzará este martes 21 de enero, al día siguiente de la investidura de Trump, confirmó el llamado zar de la frontera de la nueva administración estadounidense, Tom Homan, a medios locales.
El hombre que estará al frente de la supervisión de la política de inmigración y la seguridad fronteriza de Estados Unidos a partir de este 20 de enero advirtió, además, que ningún inmigrante sin autorización de residencia se encuentra a salvo de la deportación. Incluso aquellos que no hayan cometido delitos podrían ser deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La falta de claridad sobre quién se queda y quién se va, más allá de los “asesinos” con los que el magnate neoyorquino ha equiparado a los inmigrantes indocumentados, genera un temor generalizado.
“Lo que no quiero es que paguen justos por pecadores”, pide Miguel Ángel (*), un caraqueño de 49 años, a Donald Trump sobre su promesa de deportaciones masivas, en conversación con El Pitazo.
“Muchos de los venezolanos que estamos aquí venimos huyendo de los que han llegado para portarse mal”, prosigue, dejándose llevar por el discurso demonizador de Trump de que Estados Unidos está sufriendo una ola de delitos provocada por inmigrantes.
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Después de casi dos años residiendo en Estados Unidos, éste país es su hogar. Trabaja y paga impuestos, pero no tiene la tarjeta verde (green card) de residencia ni es refugiado; tampoco le han concedido asilo.
Es uno de los 117.320 venezolanos que han llegado hasta finales de 2024 al país norteamericano a través del parole humanitario creado por el gobierno de Joe Biden en octubre de 2022.
Recuerda que el proceso para obtener su aprobación y la autorización de viaje se realizó de manera excepcionalmente rápida, en tan solo dos días.
Para él —periodista que llegó en mayo de 2023 con su esposa y dos hijas a la ciudad de Doral, en Florida— y el resto de sus compatriotas bajo este programa de libertad condicional, no existe una vía automática hacia la residencia legal permanente.
Ocurre que Miguel Ángel y su familia aplicaron también para el Estatus de Protección Temporal (TPS) en 2023, una solicitud que sigue en espera de aprobación. Fue otro paso que dieron para asegurarse su futuro en este país. Unos 607.000 venezolanos que viven en Estados Unidos tienen este estatus migratorio temporal.
Uno de los escenarios más probables es que se realicen algunas redadas de deportación de alto perfil que muevan a la opinión pública en los primeros 100 días
Instituto Brookings
Un abogado evaluó su perfil profesional y le confirmó que cumple también con los requisitos para solicitar una visa de talento que puede abrirle las puertas a la green card. Paralelamente, explora la posibilidad de solicitar asilo.
Inicialmente, el venezolano no mostraba gran preocupación ante las amenazas de deportación de Trump. Sin embargo, la decisión del gobierno de Biden de exigir un cambio de estatus, en lugar de ofrecer una prórroga del parole humanitario que se le vence en mayo, aumentó su temor. La prolongada espera por la extensión del TPS generó también una creciente incertidumbre.
Él confía en permanecer en Estados Unidos. Ahora mismo sigue trabajando en las amplias calles de Doral como conductor de Uber Eats, la plataforma en línea de entrega de pedidos de negocios y restaurantes.
Puede adaptar su horario a sus responsabilidades como padre y tomar sus propias decisiones. Aunque su profesión es la comunicación social, ha dudado en buscar un empleo fijo en este campo debido a las dificultades que percibe en el mercado laboral. Sin embargo, reconoce que encontrar un trabajo en su área no es imposible.
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Para no hacer el cuento largo, hay que decir que el deseo de Trump de aplicar mano dura contra la inmigracion irregular puede alcanzar a Miguel Ángel y al resto de los venezolanos a los que se les vence el parole humanitario, cuya duración es de dos años, sin que hayan regularizado su residencia por otra vía.
Tenemos también a los venezolanos que se encuentran cobijados por el TPS, que ofrece una autorización de trabajo y protección frente a la deportación, bajo las designaciones de 2021 y 2023. Y tenemos, por último, a los que están en Estados Unidos gracias al programa CBP One y entraron con una citación para comparecer ante un tribunal de inmigración por un caso de asilo.
Aunque estos inmigrantes tienen permiso para estar en Estados Unidos, pero no residencia permanente, podrían ser objeto de deportación si Donald Trump decide dar marcha atrás a la política del saliente gobierno de Joe Biden y revocar los programas de protección humanitaria, advierte el Pew Research Center, un centro de investigación independiente con sede en Washington D.C.
Son también considerados inmigrantes no autorizados a estar en ese país. El Migration Policy Institute (MPI), un centro de pensamiento con sede en Washington, calcula que 11,3 millones de inmigrantes no autorizados viven en Estados Unidos (irregulares o con un estatus temporal), de los cuales al menos 8 millones están empleados, la mayoría con más de 10 años en este país.
Además, muchas familias de inmigrantes indocumentados presentan una compleja mezcla de estatus migratorios, con padres indocumentados, madres residentes permanentes e hijos nacidos en Estados Unidos que son ciudadanos.
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La estimación del Pew Research Center incluye a 270.000 inmigrantes venezolanos no autorizados en Estados Unidos para 2022. México continuó siendo el principal país de origen de esta población, con cifras de 4 millones, seguido por El Salvador (750.000), India (725.000), Guatemala (675.000) y Honduras (525.000).
Un total de 1,8 millones de inmigrantes no autorizados residían en California en 2022, posicionándolo como el estado con mayor concentración de esta población. Texas y Florida le siguieron de cerca, con 1,6 millones y 1,2 millones, respectivamente. Nueva York, Nueva Jersey e Illinois también presentaron cifras significativas, con 650.000, 475.000 y 400.000 inmigrantes no autorizados, respectivamente.
“No son turistas accidentales. Han echado raíces, no robado bancos. Es una mala política y perjudicial para Estados Unidos confundir a personas con antecedentes penales con personas que carecen de documentos”, aclaró la asesora principal del Consejo Estadounidense de Inmigración, Angela Kelley, al diario El País.


Muchos de los venezolanos que estamos aquí venimos huyendo de los que han llegado para portarse mal
Miguel Ángel (*), caraqueño de 49 años
Congreso alineado con política antiinmigración de Trump
Al entrar en funciones, el presidente Donald Trump parece contar con el Congreso para llevar a cabo plenamente su programa de inmigración, a diferencia de Joe Biden, quien nunca fue capaz de reunir suficiente apoyo legislativo para sacar adelante su agenda en esta materia.
De hecho, el recién estrenado Congreso se dispone a aprobar en los próximos días una ley que permitirá la detención de inmigrantes sin papeles por infracciones menores como un hurto en una tienda.
Bautizada con el nombre Laken Riley, una universitaria asesinada en 2024 por el venezolano José Ibarra, condenado a cadena perpetua, la ley llevará a la práctica los deseos de Trump de iniciar la madre de todas las deportaciones de indocumentados en la historia de Estados Unidos, que culmine con la expulsión de más de 11 millones de extranjeros.
La agenda legislativa incluye la aprobación de un proyecto de ley para deportar a inmigrantes condenados por violencia contra las mujeres. La Cámara de Representantes ya votó el 16 de enero a favor de este proyecto.
El tiempo dirá si Donald Trump llevará a cabo medidas de deportación a gran escala
Instituto Brookings
La legislación ordenaría la deportación o la negación de la entrada a Estados Unidos a cualquier inmigrante sin estatus legal que sea condenado o admita haber cometido un delito sexual, violencia doméstica, acoso o abuso infantil. Amanecerá y veremos.
Por lo pronto, Miguel Ángel está convencido de que el proceso de deportación será selectivo. Considera que existe una generalización errónea sobre el comportamiento de los migrantes venezolanos en Estados Unidos y hace un llamado a Trump a valorar las contribuciones de sus compatriotas en ese país, destacando su capacidad de trabajo y sus logros educativos.
Piensa que los venezolanos también deberían aprovechar esta oportunidad para dejar atrás el pasado y adaptarse a las nuevas costumbres y leyes de su nuevo hogar. De lo contrario, tendrán que atenerse a las consecuencias.
“Tarde o temprano, esa persona que viene descarriada no va a ser como en Venezuela, que lo van a dejar hacer lo que le da la gana; no, aquí lo van a poner por el camino correcto o lo sacan”, dice.
El ladrido es mayor que la mordida
¿Qué esperar de la política migratoria bajo el gobierno de Trump? Para el Instituto Brookings, un centro de investigación con sede en Washington D.C., uno de los escenarios más probables es que se realicen algunas redadas de deportación de alto perfil que muevan a la opinión pública en los primeros 100 días. Serían acciones diseñadas para enviar una señal al comienzo del Gobierno.
Asimismo, espera que la administración Trump ponga fin a los programas de libertad condicional humanitaria de la administración Biden e imponga restricciones a las visas de viaje o de estudiante de ciertos países.
“El principal efecto de los primeros esfuerzos en este escenario sería crear miedo e incertidumbre en las comunidades inmigrantes y obstaculizar la burocracia migratoria como se hizo en la primera administración. El resultado sería una desaceleración de la inmigración que, si bien significativa, no sería muy diferente de lo que se vio durante el primer mandato de Trump”, anticipa.
Inmigrantes que tienen permiso para estar en EE. UU., pero no residencia permanente, podrían ser objeto de deportación si Trump decide dar marcha atrás a la política de Biden
Pew Research Center
Este centro de pensamiento cree que el tiempo dirá si Trump llevará a cabo medidas de deportación a gran escala. “Los desafíos logísticos, de personal y de recursos son significativos, y para avanzar en esa dirección la administración necesitaría contar con la asistencia de la Guardia Nacional, las fuerzas de seguridad locales u otras entidades que normalmente no participan en la aplicación de la ley migratoria. Para aumentar significativamente la escala del esfuerzo, la administración también necesitaría realizar arrestos en la calle y en lugares sensibles como escuelas, iglesias y hospitales”.
Sobre los flujos migratorios en la frontera con México, la situación más probable es que la nueva administración siga obstaculizando el derecho a solicitar asilo. “Es casi seguro que los flujos de inmigración se desacelerarán y la aplicación de las leyes será mucho más severa, lo que tendrá consecuencias significativas para la economía y más allá”, advierte el Instituto Brookings.
Pase lo que pase, no cabe duda de que una nueva era ha comenzado en los movimientos migratorios hacia Estados Unidos, adelantan los analistas.
(*) El entrevistado solicitó cambiar su nombre por motivos de seguridad.
Es casi seguro que los flujos de inmigración se desacelerarán y la aplicación de las leyes será mucho más severa
Instituto Brookings