El conflicto armado entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo armado activo más grande de Colombia, y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya suma 80 muertos, decenas de secuestrados y miles de desplazados desde hace 5 días, cuando comenzó, de acuerdo con la Gobernación de Norte de Santander.
En un comunicado, la ONG Fundaredes advirtió, a su vez, que esta cruda y reciente escalada de violencia en la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, ha incrementado el desplazamiento forzado de población civil, de manera alarmante, un problema con graves repercusiones en Colombia y Venezuela, por lo que es urgente que «ambas naciones fortalezcan sus mecanismos de protección a la población civil y aborden las causas estructurales de esta crisis».
En este contexto, la organización detalló que un grupo importante de colombianos se ven obligados a buscar refugio en el estado Zulia, particularmente en el municipio Jesús María Semprum, debido a su proximidad geográfica, así como en algunas zonas del estado Táchira. Sin embargo, los desplazados no solo enfrentan las dificultades propias de adaptarse a un nuevo entorno, sino que también “quedan expuestos a la violencia endémica que ha caracterizado a esta región durante años».
Venezuela inicia operativo para atender a desplazados de Colombia por conflictos entre el ELN y las Farc
La presencia de la guerrilla del ELN y de bandas criminales organizadas ha consolidado al estado Zulia, según registros de Fundaredes, como uno de los más violentos de Venezuela. Entre 2023 y 2024 se documentaron más de 299 homicidios y 129 enfrentamientos armados.
«En el municipio Jesús María Semprún, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha destruido campamentos presuntamente utilizados por grupos guerrilleros, lo que demuestra que esta zona no está exenta de la influencia de actores armados que operan al margen de la ley, generando un entorno cada vez más peligroso para sus habitantes», precisó el comunicado.
Fundaredes identificó a 18 bandas criminales en el estado Zulia. También detalló que, particularmente en Semprum, el control territorial y la imposición de autoridad recaen predominantemente en la guerrilla del ELN, una grave amenaza para la estabilidad y los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En el documento se advierte que el estado Táchira también es un escenario donde la población fronteriza y quienes se desplazan hacia esta entidad se encuentran en riesgo permanente debido a los altos índices de violencia, principalmente desapariciones. Solo en 2024 se registraron 22, que colocan a esta región entre las más vulnerables del país.
Constante presencia del ELN en Venezuela
Fundaredes precisó que la actual crisis en Colombia, un país que ha sufrido décadas de conflicto armado, recuerda los graves acontecimientos vividos en el estado Apure, en Venezuela, durante 2021, cuando alrededor de 6.000 personas se desplazaron debido a la violencia.
«Estos desplazados enfrentan no solo el trauma de la pérdida, sino también la persistente amenaza de una violencia que afecta profundamente al estado Zulia. La constante presencia del ELN y de bandas organizadas agrava aún más esta situación, poniendo en riesgo la vida y el bienestar de los habitantes», detalló la ONG en su documento.
Venezuela ha sido sede y uno de los países garantes de las negociaciones con el ELN, actualmente suspendidas. En Caracas se estableció la primera mesa en el marco de su propuesta de “paz total”, con la que el presidente colombiano, Gustavo Petro, se proponía dialogar en simultáneo con todos los grupos armados y también retomar las relaciones con el Gobierno venezolano, rotas durante el mandato de Iván Duque.
La ONG ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a que Venezuela actúe de mediador en el diálogo entre el Estado colombiano y el ELN, iniciado en octubre de 2022. Esta postura se fundamenta en la evidente operación del grupo guerrillero dentro del territorio venezolano, muchas veces con la complicidad de las autoridades militares, lo que vulnera los derechos humanos y afecta gravemente la calidad de vida de las comunidades locales.
«La presencia del ELN en Venezuela convierte al país en un refugio para grupos armados, exponiendo a la población civil a un constante estado de inseguridad«, dijo Fundaredes. Asimismo, insistió en que el Estado venezolano debe priorizar la protección de los derechos de su población y no permitir que estos grupos armados encuentren refugio en su territorio.
En ese sentido, la organización aseguró que es fundamental que las autoridades actúen con imparcialidad y sin influencias ideológicas que perpetúen la violencia y el sufrimiento.
Por último, la ONG hizo un llamado a la comunidad internacional y a las autoridades de ambos países a comprometerse firmemente con la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, promoviendo un diálogo constructivo que priorice la protección de los derechos humanos y la paz en ambas regiones.