Caracas.- La Constitución venezolana prohíbe al Ejecutivo y al resto de poderes públicos establecer una medida que restrinja el paso de los ciudadanos al territorio nacional. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro lo ha hecho.
Los venezolanos en el extranjero que tengan el pasaporte vencido deben tramitar un salvoconducto o documento de viaje provisional para viajar a su país. Desde el 25 de septiembre, el Gobierno les exige a las aerolíneas y agencias de viaje verificar su autenticidad. Argumenta que ha habido falsificaciones del documento.
La exigencia del salvoconducto transgrede, por lo menos, los artículos 2, 3, 19, 21 y 50 de la carta magna, coincidieron en señalar la abogada constitucionalista Vestalia Tovar y el abogado internacionalista Simón Gómez, consultados por El Pitazo el 2 de octubre.
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También explicaron que su ejecución quebranta una variedad de normas, tanto nacionales como internacionales.
Más restricciones que garantías
“Para nosotros esto es un atraco”. Así definió Tovar la disposición acordada entre las autoridades del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Las vulneraciones cometidas en contra de una serie de artículos de la Constitución y de tratados internacionales suscritos por el Estado venezolano demuestran que el Gobierno le ha sustraído a los ciudadanos derechos que les son inherentes.
La abogada señala que la violación más evidente pesa sobre el derecho establecido en el artículo 50 de la carta magna: el libre tránsito. Esta disposición añade que no es necesaria una autorización para ingresar al país y especifica que el Poder Público no le puede establecer penas de extrañamiento territorial a ningún venezolano.
Entre las responsabilidades del Estado está el desarrollo de la persona y la garantía del cumplimiento de los principios consagrados en la Constitución. Ambos, reflejados en el artículo 3, son incumplidos con la nueva medida, añade Tovar.
También es infringido el compromiso de la preeminencia de los derechos humanos, establecido en el artículo 2, ya que se le está limitando a los ciudadanos la capacidad de circular dentro y fuera del territorio nacional.
“Es una situación inédita en nuestra historia y en el mundo. Se vulnera el derecho a la libertad de circulación y a la nacionalidad”, aseguró Gómez.
La medida no concede, sino que restringe. Incluso, aquellos que tienen una segunda nacionalidad, pero cuyo pasaporte venezolano está vencido, tampoco pueden entrar al país sin un salvoconducto. Así se limitan los principios de progresividad e igualdad, de los artículos 19 y 21, respectivamente, indicó el abogado internacionalista
Las violaciones no se limitan al marco nacional. Simón Gómez, también especialista en derechos humanos, recordó que el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie puede ser arbitrariamente privado de salir de su país. “Esta medida del Gobierno madurista solo permite el ingreso al país bajo unas situaciones limitadas, y eso conculca radicalmente el pacto”, sentenció.
Decisión desmedida
Una de las principales críticas de Tovar fue que el Gobierno venezolano emitió esta disposición sin considerar las consecuencias jurídicas que tendría. La decisión es general y, por lo tanto, atañe a la población determinada y a la indeterminada.
“No es un secreto que en Venezuela hay una población indeterminada, es decir, que están dentro y fuera del territorio”, explicó Tovar haciendo referencia a la migración masiva de venezolanos, que tuvo su inicio en 2015.
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Un informe de la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac), publicado en marzo de 2023 concluyó que los migrantes venezolanos enfrentan numerosas barreras para ejercer sus derechos de identidad y participación política.
Entre los principales obstáculos reportados por la ONG están el alto precio del trámite del pasaporte y los períodos largos de espera. También la imposibilidad de tramitar cédulas y la suspensión de relaciones consulares con otros países. Además, calificó como restrictiva la normativa para inscribirse en el Registro Electoral (RE) y el mecanismo de cedulación del Saime.
“Los más afectados son los ciudadanos comunes, el colectivo, el que migra”, dijo Tovar, y recalcó que no se puede limitar a un venezolano que quiera regresar a su país porque tiene el pasaporte vencido.
Para Gómez, el impacto generalizado de la medida puede derivar en una denuncia en diferentes organismos internacionales, ya que su ejecución no es viable ni práctica. Además, expresó su preocupación por aquellos venezolanos que residen en países donde fueron cerradas las oficinas consulares, ya que todavía les resulta imposible tramitar el salvoconducto.
Aunque la disposición del Gobierno señala que en estos casos se podrá “tramitar en otro país o vía página web de Cancillería”, aún no es posible hacerlo en la plataforma web del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Con respecto al salvoconducto, Tovar señaló la dificultad que tiene el ciudadano común para obtenerlo, ya que tiene un precio de 60 dólares o euros y es un permiso temporal.
“El salvoconducto no lo otorgan nada más por tener el pasaporte vencido, no es así. Debe existir una causa o fuerza mayor”, aclaró, y especificó que estas situaciones son por asuntos funerarios o por enfermedad, entre otras razones.
Además, advirtió sobre el alcance del documento, ya que solo se puede utilizar en un viaje; por lo tanto, es algo temporal y totalmente limitado.
Elevar un denuncia ciudadana a la ONU
Ante la serie de vulneraciones a los derechos fundamentales, la abogada sugirió elevar la situación a las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las familias venezolanas cuyos parientes están en el extranjero pueden alertar al organismo internacional de un nuevo agravio contra sus derechos.
La especialista también les recomendó a aquellas personas que estén planificando o considerando irse del país que evalúen las consecuencias de esta medida. “El perjudicado es el venezolano, el que emigra, el que entra y sale”, subrayó.
Simón Gómez sostiene que si bien los ciudadanos pueden hacer la denuncia, la ONU también puede evaluarla en el Comité de Derechos Humanos, ya que debe supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado venezolano
Gómez recordó que Venezuela fue sujeta a una revisión en 2023 y hubo observaciones relativas al derecho a la nacionalidad por las demoras en la entrega de los pasaportes. “La medida agrava las limitaciones al grado de anular el ejercicio pleno de los derechos de nacionalidad”, indicó. Destacó además que el comité debe identificar los efectos nocivos de esa decisión gubernamental.
En una entrevista con El Pitazo, el director de la consultora Poder y Estrategia, Ricardo Ríos, explicó que hay venezolanos con planes de migrar debido a la situación postelectoral. El politólogo adelantó que en un estudio, próximo a publicarse, se determinó que hay un 25 % de ciudadanos que tienen planificado su viaje y otros que están considerando salir del país.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que 7,7 millones de venezolanos se han marchado de su país.
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