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viernes, 1 julio, 2022

Observatorio de la ULA: Fiscal dilata juicio de preso político Steven García

Steven García está acusado por el asesinato de una mujer en Mérida durante las protestas sociales de 2014, sobre el que no hay pruebas en su contra. Su juicio tardó más de cinco años en comenzar y no concluye por dilaciones de la Fiscalía, asegura el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

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Mérida.- Ayer lunes, 14 de marzo, se realizó la audiencia donde debía concluir el juicio de Steven Ricardo García Sanz, acusado por el asesinato de Gisella Rubilar, una docente chilena residenciada en Mérida que perdió la vida en el contexto de las protestas sociales de 2014.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), cuyo equipo jurídico representa la defensa de García, denuncia que la Fiscal del juicio dilata injustificadamente el fin del mismo.

«La audiencia para las conclusiones del juicio del preso político Steven Ricardo García Sanz fue suspendida por solicitud de la fiscal Dayana Coromoto González, quien dijo a la jueza que no estaba preparada para dar las conclusiones, pese a que en la audiencia del pasado 9 de marzo el tribunal anunció que hoy debía concluir el juicio. Steven García está privado de libertad injustamente desde el 26 de enero de 2016″, detalla el ODH-ULA en una nota de prensa.

Sin pruebas contra Steven García

De acuerdo con esta organización, la Fiscalía no presentó durante el juicio ninguna prueba incriminatoria contra el acusado, a quien se le imputan tres delitos: homicidio intencional calificado con alevosía o por motivos fútiles o innobles, obstrucción a vías públicas y asociación para delinquir.

Su detención, que el ODH-ULA considera arbitraria, ocurrió luego de que Diosdado Cabello lo culpara públicamente por el asesinato de Rubillar, en su programa de televisión «Con el mazo dando» del 26 de enero de 2016.

«Un total de 14 testigos presentados por la Fiscalía dieron su testimonio en este juicio sobre lo ocurrido el 9 de marzo de 2014, cuando fue asesinada Gisella Victoria Rubilar Figueroa. Ninguno de los testigos acusó a García de haber matado a Rubilar. Ni siquiera declararon haberlo visto en el lugar de los hechos», asegura el ODH-ULA.

Patrones de injusticia

Además de Steven García, otros dos jóvenes permanecen privados de libertad también desde hace más de seis años, acusados del asesinato de un funcionario de la Guardia Nacional (GN) cometido en el mismo contexto de las protestas sociales de 2014. Se trata de Marller González y Walter Mayorga, a quienes también defienden en su juicio los abogados del ODH-ULA.

«En los casos de Erickvaldo Márquez y Daniel Parra, liberados después de casi cuatro años de injusta prisión por homicidios perpetrados en las protestas de 2017, igualmente hubo retardo procesal y excesivas dilaciones injustificadas. Estos son llamados “casos guarimba” por los propios funcionarios policiales y de justicia», refiere el observatorio.

El ODH-ULA advierte que con dilaciones injustificadas de juicios a presos políticos y presos comunes el Estado venezolano no solo viola la Constitución y las leyes nacionales, sino que incumple el el Memorando de Entendimiento entre Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), suscrito en Caracas el 2 de noviembre de 2021, en el marco de la visita al país del Fiscal de la CPI, Karim Khan.

Steven García forma parte de la lista de presos políticos elaborada por el Observatorio Nacional de Derechos Humanos.

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