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miércoles, 9 octubre, 2024

Investigación por pago de extorsión en España salpica a Raúl Gorrín

Este jueves se conoció el hallazgo de un morral con documentos que señalan a Raúl Gorrín de presuntamente usar una empresa de Hugo Gois, vinculados con una trama de extorsión y blanqueo de capitales en España

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María Cristina Díaz Márquez, titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, citó a declarar a 13 miembros de una supuesta red de blanqueo de capitales en España, en la que están involucrados exfuncionarios venezolanos -entre ellos Raúl Gorrín- y 30 personas jurídicas, reseñó este jueves El Periódico de España.

Trascendió que las personas imputadas llevaron a España unos 30 millones de dólares de exfuncionarios venezolanos, quienes pagaron y ofrecieron información a cambio de protección de la “policía política” del gobierno de Mariano Rajoy.

En la trama están involucrados Nervis Villalobos, exviceministro de Energía; Carlos Aguilera, exdirector de la Dirección de Servicios de Inteligencia; Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico; Rafael Reiter, exjefe de Seguridad de Pdvsa; y Raúl Gorrín, presidente de Globovisión.

Exfuncionarios venezolanos pagaron y dieron información para lograr protección en España

También fueron señalados Carmelo Urdaneta, exasesor del Ministerio de Petróleo y Minas; y el empresario Moris Beracha. La noticia se conoció el sábado 4 de junio en el Periódico de España y la información de estos nombres se derivó de un informe policial de diciembre de 2020.

Hallazgo que salpica a Raúl Gorrín

Este jueves se conoció el hallazgo de un morral con documentos que señalan a Raúl Gorrín de presuntamente usar una empresa de Hugo Gois, vinculado con la trama, con el fin de recibir fondos de la sociedad Eaton.

En los documentos hay indicios de que Gorrín y Villalobos transfirieron dinero a sociedades de Martín Rodil, estadounidense que lideró la trama de extorsión, y a su vez enviaron fondos a empresas administradas por Alberto Galán y el abogado José Aliste Martín, ambos también investigados.

Trascendió que Rodil con la complicidad del abogado Aliste trataron de chantajear a los exfuncionarios chavistas: les exigieron altas sumas de dinero a cambio de ayudarlos extraoficialmente con la policía de España (con Villarejo) en sus casos de blanqueo.

“La parte izquierda de la imagen (de un documento obtenido por las autoridades) recoge la suscripción realizada por parte de Raúl Gorrín Belisario, a través de la sociedad Eaton Global (1) de un (2) bono falso emitido por la sociedad Leanor Invest (3), controlada por Hugo Gois, por importe de 12,5 millones de dólares, y cómo estos fondos se canalizaron a través de esta estructura”, reseñó la policía de España.

Añadieron: “Así podemos ver primeramente la entrada de fondos desde Eaton a Leanor Invest y cómo desde esta se apuntan salidas a las sociedades Mercazz (4) y Erasmus (5), sociedades de Martín Rodil. Es especialmente relevante la referencia a la única sociedad que aparece vinculada con las dos partes del esquema, Media (6) y que como se indicó en anteriores informes y se ha expuesto nuevamente en este, corresponde a la sociedad Media Energy, controlada por Nervis Villalobos. La parte derecha del esquema fue descrita en el informe antes reseñado y describe la inversión en el Grupo Columbus de 18 millones de dólares de Nervis Villalobos”.

La ayuda ofrecida

Además del dinero, se habría exigido a los exfuncionarios información para ser utilizada en contra del partido local Podemos, de Pablo Iglesias.

La llegada de estos exfuncionarios a España inició en 2013, después de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Esos venezolanos fueron progresivamente acusados de lavado de dinero en España, Estados Unidos y Venezuela.

Martín Rodil inició los contactos con los exfuncionarios, a quienes prometió favores y les aseguró tener contactos en la Administración de Control de Drogas de EE. UU.

En ciertos casos la ayuda policial en España se concretó con permisos de residencia y hasta la nacionalidad del mencionado país, con la cual intentarían evitar extradiciones.

Con información de El Periódico de España.

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