Caracas.- Unas 20 personas en representación de organizaciones de derechos humanos y comités de víctimas de violación de derechos humanos solicitaron este lunes, 9 de octubre, que se haga público el segundo memorando de entendimiento suscrito entre el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y el Gobierno venezolano.
La petición se hizo al ministro de Relaciones Exteriores, Yvan Gil Pinto. Este derecho, según Marino Alvarado, implica que se haga publico el memorando firmado el 9 de junio entre el Gobierno y el fiscal de la CPI, cuando se acordó que se crearía una oficina del organismo internacional en Venezuela.
Sostienen que, a diferencia del primer acuerdo, este segundo no se ha hecho público.
“Las ONG y las de derechos humanos consideramos que el memorando es de entendimiento colectivo, por lo que no debe manejarse como un asunto de secreto de Estado. Se debe dar a conocer para que, en general, la sociedad venezolana pueda hacerle seguimiento al cumplimiento de las obligaciones y compromisos del Gobierno”, detalló el abogado y activista.
También ratificaron que, hasta la fecha, no se cumple con el principio de complementariedad.
“No hay voluntad política para investigar las cadenas de mando, ni siquiera a los actores materiales de crímenes ocurridos y que, desafortunadamente, siguen ocurriendo: detenciones, torturas, desapariciones”, destacó Alvarado.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, aseguró en ese entonces, en su segunda visita a país, que el acuerdo detallaba la asistencia técnica y la asesoría que dará su oficina, incluso en las reformas que Venezuela quiere “poner en práctica para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y una paz sostenible”, dijo.
Las organizaciones involucradas lamentaron en aquel momento la falta de información a la opinión pública sobre la visita del fiscal de la CPI al país, donde, aseguran, reina la opacidad institucional y la falta de transparencia en la gestión pública.
Caso Venezuela
La fiscalía de la CPI ordenó abrir en 2021 una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. A finales del año pasado, solicitó reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, lo que fue rechazado por el gobierno de Nicolás Maduro, que había solicitado un aplazamiento.
El Estado venezolano cuestionó la decisión del fiscal argumentando que había aportado amplia y suficiente información que demostraba que el país investigaba presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a los fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes.
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