Caracas.- En 2020 el presidente de Nicolás Maduro reconoció que los cuerpos policiales han cometido violaciones de Derechos Humanos contra la población y prometió que haría cambios en la estructura de seguridad del país.
Durante una alocución, Maduro afirmó que el Ministerio de Interiores ejecutaría otro plan de educación para formar en a los cuerpos policiales del país en materia de Derechos Humanos.
Sin embargo, el jueves 30 de junio la coordinadora de Enfermería del Hospital Pastor Oropeza Riera, de Carora, estuvo dos horas detenida en el centro de salud luego de exigirle a un miembro de la Policía de Lara que usara el tapabocas.
La enfermera María Suárez le solicitó al acompañante de una paciente que se pusiera la mascarilla dentro del hospital; sin embargo, el hombre era un policía que no portaba uniforme y le pidió a unos funcionarios de seguridad del centro de salud que la esposaran.
Esa misma noche fueron detenidos los funcionarios policiales responsables de esta acción: Darling Cordero, Pablo Meléndez y Edrianny Linares por los delitos de Privación ilegítima de libertad y Tratos crueles, informó el fiscal Tarek William Saab.
El comandante de la Policía del estado Lara, Luis Peña, calificó lo ocurrido de «hecho aislado» y que no corresponde con las buenas prácticas del cuerpo de seguridad.
Este no es el único caso registrado de abusos policiales. En 2021 el fiscal del gobierno de Maduro informó la detención de los funcionarios Willians Ortega y César Freitas por participar en la ejecución extrajudicial de un detenido en Ocumare del Tuy, estado Miranda.
Las primeras versiones de este hecho afirman que seis miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) estuvieron involucrados en el asesinato de Dimilson Guzmán Santaella, un joven presuntamente vinculado a bandas de la zona.
Entre enero y junio de 2021 se registraron en Venezuela 825 ejecuciones extrajudiciales por cuerpos policiales y el Ejército, según la ONG Lupa por la Vida.
Abusos sexuales
Javier Darío Campos Amaya fue víctima de ocho miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes lo detuvieron en una panadería en Maracaibo y lo trasladaron a las instalaciones de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), donde fue golpeado, agredido y sometido a violaciones por los funcionarios.
Este grupo de la PNB fue expulsado del organismo, apresado y condenado por los delitos de violación y tratos crueles al joven en Maracaibo. Fueron identificados como Alvis Rafael Labarca Labarca, Manuel Alejandro Chacón Pirela, Michael Enrique González Cuesta, Rolando José Baleta Puerta, Carlos Luis Contreras Bustamante, Joxy Alain Quiroz Briceño, Kendry Enrique Osorio Eulasia y Lizsujey María Niebles.
Todos ellos fueron condenados por su culpabilidad «en la perpetración de los delitos de cómplices necesarios de violación y trato cruel», dijo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Por otro lado, un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó que se realizan operativos de seguridad del Estado que terminan en detenciones arbitrarias y algunos de estos casos incluyen tortura.
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