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viernes, 7 febrero, 2025

Estafados por La Venezolana exigen al TSJ que establezca fecha de juicio

Un grupo de denunciantes acudió este miércoles al máximo tribunal para exigir que se continúe con el proceso para obtener una sentencia. Acordaron que esperarán la respuesta hasta la próxima semana flexible, de lo contrario iniciarán movilizaciones

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Caracas.- Un grupo de personas, de las 6 mil estafadas, por el Concesionario La Venezolana acudió la mañana de este jueves, 14 de octubre, al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la fecha de la audiencia de juicio que será la antesala a la sentencia que dictarán contra los responsables.

Dos de los representantes ingresaron al máximo tribunal a reunirse con el secretario de la sala, Carlos García, para pedir que se continuara con el proceso, el cual fue paralizado debido a la pandemia por COVID-19.

Nayibe Ortiz, miembro de la directiva de la Asociación Civil Pro Defensa de Compradores del Concesionario La Venezolana, detalló que el asistente de la magistrada Lourdes Anderson Suárez, se comprometió en dar los pormenores de la solicitud a la funcionaria.

El grupo de estafados esperará hasta la próxima semana flexible para conocer la fecha de la audiencia y advirtieron que de no obtener una respuesta, iniciarán una jornada de movilización para reclamar la continuación del proceso.

Nuestra demanda no es sólo contra el concesionario, también lo es contra los funcionarios que por mandato presidencial fueron encargados de la intervención de esta empresa”, declaró Ortiz.

En 2014, el gobierno nacional anunció la ocupación del Concesionario La Venezolana a fin de abrirle un procedimiento judicial por presuntamente incurrir en delito de estafa.

| Foto: Glorimar Fernández

Durante el proceso de fiscalización, se detectó que los carros ofrecidos a 6 mil personas, que ya habían pagado la inicial del 30%, no tenían autorización ni crédito para ser comprados en China.

Antes de concretar el negocio, los estafados tuvieron acceso a una exhibición de estos vehículos, los cuales fueron ingresados al país con permisos turísticos mientras la empresa presentaba fachada de empresa legal.

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