El abogado y exdirector de Técnica-Científica del Ministerio Público advierte que la desaparición forzosa es una política de Estado. Considera que la muerte del activista político Edwin Santos tiene elementos para su inclusión en la investigación de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Por: César Batiz Redacción: Equipo El Pitazo
La muerte del activista del partido político Voluntad Popular y coordinador del comando Con Venezuela en el estado Apure, Edwin Santos, víctima primero de una desaparición forzada, presuntamente, a cargo de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), es un caso que resume una cruda realidad en Venezuela: crímenes que son responsabilidad de un Estado cuyo andamiaje institucional, de acuerdo con organismos nacionales e internacionales, devino en una maquinaria que viola derechos humanos y propicia impunidad.
Ese es el contexto en el que se registra la muerte de Santos, cuyo cuerpo fue encontrado, tras su desaparición, con signos de tortura en la vía El Nula-El Piñal, entre Apure y Táchira, el 25 de octubre.
El exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray considera que el caso de Santos tiene todos los elementos que apuntan a que se trata de un nuevo crimen de Estado, pese a que la narrativa oficial vincula la muerte de Santos con un accidente de tránsito cuyas circunstancias no encajan como hipótesis creíble, y sobran omisiones e improvisación.
Estamos en un país en el que no se pueden confrontar pruebas
Zair Mundaray, exfiscal
“Esto implica la confluencia de todo un esfuerzo de un Estado que, desde mi perspectiva está disuelto, y que tiene responsabilidad en esto. Me parece, por los hallazgos que he podido observar que, claramente, es un crimen de Estado”, resaltó en entrevista con el director de El Pitazo, César Batiz.
Mundaray destacó, además, que eludir los protocolos internacionales que aplican para casos como el de Santos “es una demostración de la ausencia de voluntad política o una evidencia de encubrimiento”.
–Partiendo de la hipótesis que ha presentado el oficialismo, ¿cuál es el protocolo en el caso de un accidente o de una muerte violenta como la de Edwin Santos?
–Hay que seguir unos protocolos internacionales que están perfectamente definidos por Naciones Unidas. En este caso, hay que aplicar el Protocolo de Minnesota sobre muertes potencialmente ilícitas, que es un compendio normativo construido por una gran cantidad de expertos y que informa de las normas que procuran que los Estados asuman unos lineamientos para tratar de amplificar derechos humanos fundamentales.
De hecho, en Venezuela, en la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, de la cual fui director, todos los funcionarios, a través de un convenio con Amnistía Internacional, se formaron en Protocolo de Minnesota, que se sigue para muertes potencialmente ilícitas o desapariciones forzosas, y en el Protocolo de Estambul que se usa para casos de tortura.
Es decir, ahí todo el mundo sabe qué hay que hacer. No hacerlo es una demostración de una necesidad de que no se sepa cuál es la verdad.
Este caso tiene muchos elementos que van a permitir que sea llevado ante la Corte Penal Internacional
Zair Mundaray, exfiscal
Una muerte potencialmente ilícita
El exfiscal del Ministerio Público destacó que una persona que, como Santos, fue reportada como desaparecida por una acción que se le adjudica a supuestos funcionarios de un organismo de seguridad del Estado, y que no compareció ante un tribunal en el lapso previsto de 48 horas, como establece el artículo 44 de la Constitución, se encuentra en situación de desaparición forzosa.
“Ese tipo de muertes son caracterizadas por el Protocolo de Minnesota como las causadas por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, que pueden ser atribuidas a cualquiera de los organismos del Estado, pero también a particulares que actúen con consentimiento del Estado”, precisó Mundaray.
Cicpc atribuye muerte del opositor Edwin Santos a un accidente de tránsito
El exfuncionario de la Fiscalía agregó que los Estados cuestionados por violaciones de DD. HH., como el venezolano, en ocasiones tratan de ocultar su responsabilidad en casos de muertes ilícitas y recurren a paramilitares, guerrillas o colectivos: “gente que les haga el trabajo sucio y digan que no son agentes del Estado. Estas categorías también están incluidas en el Protocolo de Minnesota”.
Mundaray apuntó que el perfil de Santos, de 36 años, era el de un sujeto en “situación de vulnerabilidad” por ser una persona que hacía activismo político en circunstancias adversas por la persecución de la disidencia.
“Lo primero que tiene que pensar un Estado serio es que puede haber un segmento de funcionarios o personas que pueden tener interés en que esta persona sea lesionada, muerta o desaparecida (…) Tenía que plantearse un esfuerzo de investigación, porque si como Estado no lo tenía retenido y se trata de un hecho de tránsito, debo hacer todo lo posible para que esa versión sea científicamente demostrada”, detalló Mundaray.
El especialista resaltó que la participación de una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), así como del propio Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, deja mucho que decir sobre la muerte de Santos.
En Venezuela tendrá que venir una gran comisión de la verdad en casos en los que el régimen ha dado versiones absurdas
Zair Mundaray, exfiscal
–¿Qué evidencia que no se hicieron los debidos esfuerzos?
–Si tú lees la Ley de la Policía Nacional, ese cuerpo es un auxiliar de investigaciones de un organismo principal de investigaciones que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Pero en materia de derechos fundamentales, Tarek William Saab cuenta con una unidad criminalística para investigación de crímenes de Estado, es decir, para vulneración de derechos fundamentales, y la extinguió porque en situaciones como la que vivimos, en modelos de Estados mafiosos, donde la verdad es una de las primeras víctimas, una de las primeras cosas que se suprime es la investigación técnico científica.
–¿La tiene o la extinguió?
–La tiene, pero la extinguió porque no la hace actuar. Ahí están los funcionarios, los equipos, pero no permiten que actúen, porque ponerlos a actuar tiene unas implicaciones siempre para el Estado.
Los ministerios públicos tienen facultades de hacer investigaciones independientes, distintas de los organismos policiales. En Venezuela, si el Cicpc participa en un enfrentamiento, ¿quién es el llamado a investigar?: el Cicpc. Al respecto el entrevistado se pregunta: ¿Qué garantías puedes tener en una investigación donde el copartícipe del hecho punible se investiga a sí mismo? Eso no puede ser.
–Fue lo que pasó en 2014 con el caso Bassil Da Costa y Juancho Montoya.
–Fue la unidad criminalística bajo mi coordinación. Y ahí se descubrió que a Bassil Da Costa lo mata el Sebin y fue condenado el funcionario que lo mata; y a Juan Montoya lo mató un colectivo.
Eso lo tuvo que hacer la unidad criminalística porque si no, la verdad no sale nunca. Eso es lo que tenía que haberse hecho en este caso. Pero si hubiera sido el Cicpc, no importa, porque ellos tienen una unidad de homicidios que conoce qué tenían que hacer en materia de caracterización y tienen un equipo forense, ido a menos, pero existe todavía el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, con expertos de gran valía. Gran parte del Protocolo de Minnesota tiene un área que está muy dedicada al área médico legal, porque se entiende que cuando se produce el hallazgo del cuerpo tiene una cantidad de información que debe ser sustraída científicamente para determinar qué pasó.
En modelos de Estados mafiosos, una de las primeras cosas que se suprime es la investigación técnico científica
Zair Mundaray, exfiscal
–¿Qué información pudiera tener un cuerpo en un accidente? Ha analizado la fotografía, la posición en la que lo encontraron. Además del sitio, qué información pudiera aportar el cuerpo.
–El cuerpo aporta muchísima información. Porque existe toda una gama de lesiones pre o post mortem que te dicen qué ocurrió con el cuerpo y cuáles pudieron ser los mecanismos que generaron esas lesiones corporales.
No hay ningún descarte de lesiones pre o post mortem porque realmente puedes simular, y esto es importante decirlo, un choque con un objeto fijo o una caída de altura. Pero esas lesiones no tienen reacción vital que un anatomopatólogo forense, no un médico como el que pusieron en este caso, puede ver: este hueso tiene reacción vital, esta persona estaba viva cuando se produjo esta fractura.
Además, hay unos hallazgos ahí que son muy evidentes, que yo he venido señalando: el cuerpo tiene unas livideces en la parte trasera, en la espalda; evidentemente estuvo decúbito dorsal entre 12 y 15 horas en adelante para que esas livideces, esas manchas hayan quedado fijas. Se les olvidó, lo pusieron decúbito ventral, boca abajo, cuando ya la mancha estaba en la espalda.
En una escena de estas, ves lo que hay, pero debes ver también lo que falta y lo que sobra; cosas que no tienen explicación.
–¿Cómo cuáles?
–Hay dos cosas que sobran. Manchas de sangre en el pavimento. Si tu chocaste fuera del pavimento y te produjiste alguna herida abierta, cómo es que hay manchas de sangre en el pavimento según las mediciones que hace la Policía Nacional que, además, es un órgano auxiliar y no está facultado para investigaciones complejas, sino hechos de tránsito y delitos menores. No puedes poner a la PNB a hacerlo. Eso te dice que no hay interés en que se sepa la verdad. ¿El cuerpo venía sangrando?
Además, la morfología de la mancha refiere a una caída libre. Entonces no se iba desplazando. Qué hipótesis puede tener eso. Es incoherente. La marca de arrastre de la moto no está, no tengo marca de arrastre, no tengo una marca de coleada ni de frenada. Tres cosas que no tengo. Pero tengo la posición final con una parte de corteza del árbol que colocan sobre la moto para tratar de simular un hecho. Y colocan el cadáver boca abajo, con las manchas atrás y con unas morfologías que tienen que investigarse a fondo, esto no es un protocolo de autopsia de un día. Esto implicaba toma de muestras, ver lesiones que tenía en manos porque son características distintas del resto del cuerpo.
Nada de eso se hizo y se sacó una conclusión en solo un día, con una autopsia médico legal, y pusieron a una señora a firmar. La conclusión plantea que se trata de un traumatismo craneoencefálico severo como causa de muerte de la víctima, y dice además que es un hecho de tránsito. Ella no puede decir tal cosa, sino solamente el hecho objetivo, no trasladar sus conocimientos a la escena.
En este caso, ante un hecho imponderable, les tocó improvisar y la improvisación fue muy mala
Zair Mundaray, exfiscal
–Supongamos que Edwin Santos falleció de forma violenta, en manos de las autoridades. ¿Por qué el Gobierno oculta un hecho como este? ¿por qué no abre una investigación?
–Porque estamos ante un patrón. El mismo Protocolo de Minnesota dice que una de las causales de muerte potencialmente ilícita es que la muerte haya sobrevenido cuando la persona estaba detenida o se encontraba bajo custodia de algún organismo de seguridad del Estado o de alguien que actuara con su consentimiento.
Podemos decir que existe una situación que es un patrón porque en estas últimas horas no sólo detuvieron a Edwin. Hay una cantidad de personas detenidas y hay un hilo conductor entre todos. Cómo vas a negar la detención o que se lo llevó un organismo de seguridad del Estado si tenemos varios secuestrados que son líderes comunitarios que articulaban personas por derechos políticos; personas que utilizaban redes de comunicación para exponer hechos que al régimen no le conviene, o gente que se vinculó con el movimiento del 28 de julio que llevó a la victoria de Edmundo González.
–¿Por qué el Gobierno no busca un chivo expiatorio?
–No lo va a hacer porque eso es el reconocimiento del terrorismo de Estado. El Gobierno ha sido señalado. Algo que ha pasado desapercibido. Si cuentas las veces que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de terrorismo de Estado, son muy pocas veces.
Una de las cosas por las que se le acusa al Gobierno es porque se están llevando a las personas sin identificación de funcionarios, sin el debido proceso, sin orden judicial, y sin flagrancia. Es el reconocimiento de eso. Y en el caso de Edwin posiblemente se murió por un imponderable, por una situación que no tenías prevista; a lo mejor estaba en el trascurso de una tortura y se murió, como ocurrió en el caso de Fernando Albán o de Acosta Arévalo.
Ese no era el objetivo porque si de verdad lo querías matar de una vez, qué más fácil en la frontera que contratar a un sicario que le dispare, pero no, tenías un objetivo que era tal vez doblegarlo, que dijera que allá no ganó Edmundo González; decir que todas sus denuncias son inciertas y que alguien le pagó, como ha venido ocurriendo con muchos presos políticos y lo sabemos: los ponen a grabar videos para, bajo amenaza, coacción o tortura, desmentir parte de la misma labor que han hecho. En este caso, ante un hecho imponderable, les tocó improvisar y la improvisación fue muy mala.
Tanto es lo que no se hizo, que llegar a una conclusión es una aberración
Zair Mundaray, exfiscal
–La familia pidió una autopsia independiente. ¿Una familia puede solicitarla? Y si es así, ¿el Estado debería permitirla?
–Absolutamente. De hecho, el Protocolo de Minnesota dice que de cada actuación la familia tiene incluso derecho a designar expertos que puedan ver lo que están haciendo los especialistas designados por el Estado e, incluso, hacerse acompañar de técnicos que puedan hacer observaciones. Eso no se hizo. Es más, en estos casos, hay unas constantes: las inhumaciones controladas, como la del caso de Óscar Pérez. Te entrego el cuerpo, te acompaño, pero no permito que en ningún momento el cuerpo salga del control de la dictadura, para evitar que haya un desvío, que haya toma de muestras. Tanto es lo que no se hizo, que llegar a una conclusión es una aberración.
–Este caso debe recordarnos a los latinoamericanos la muerte del dirigente político opositor cubano Oswaldo Payá, quien murió en accidente de tránsito y que tiempo después, el conductor dijo que fue algo mandado a hacer.
–Totalmente planificado, urdido. Y ya sabemos la influencia cubana sobre Venezuela en muchos temas, sobre todo en materia de seguridad.
No olvides que desde el año pasado Tarek William Saab ha tenido cinco encuentros con la fiscal de Cuba. Incluso, algo que denuncié en su momento y pasó desapercibido: la llegada del fiscal general de Rusia a Venezuela, atendido por Tarek William Saab. Ese fiscal no ha atendido ninguna de las denuncias de personas desaparecidas, envenenadas o torturadas por Putin.
Estamos teniendo influencia de los que ya tienen experiencia en este tipo de montaje, de simulaciones. Pero al final eso se puede saber porque el cuerpo permite análisis después de mucho tiempo.
–¿Qué tanto tiempo después puede hacerse un estudio a un cuerpo que ha estado enterrado?
–Depende de las condiciones de conservación. Yo hice parte de un equipo de trabajo y exhumamos gente del Caracazo, personas que habían fallecido en el contexto de las manifestaciones de 1989, y había mucha evidencia balística. se pudieron establecer índices de proximidad, armas utilizadas, una gran cantidad de evidencia que permitió establecer qué ocurrió.
En cuerpos de cinco, diez años, perfectamente se puede ver las impregnaciones, orificios, contusiones; eso sí, con un equipo multidisciplinario: antropólogos, odontólogos, gente de balística, toxicólogos. Pueden pasar años, y el cuerpo te va a dar una cantidad de información. Eso va a tener que ocurrir en Venezuela, va a tener que venir una gran comisión de la verdad en casos en los que el régimen ha dado versiones absurdas.
–¿Cómo cuáles?
–Hay varios. El caso de Acosta Arévalo es evidente, aunque sé de buena fuente que la anatomopatólogo que hizo la autopsia dejó constancia de las lesiones que vio, inclusive, de electrocución en los pies. Eso habrá que hacerlo.
El caso del concejal Albán es uno clásico, porque ellos concluyeron que se trató de una caída de altura voluntaria, que lo dijo el irresponsable Tarek William Saab. En el edificio más monitoreado del país, que es el del Sebin, no se levantó una sola imagen de cámara cuando fueron a hacer inspecciones técnicas: todas las cámaras estaban arrancadas, ninguna estaba en su lugar, para que no pidieran los videos.
El caso de Óscar Pérez, por ejemplo. Eso hay que empezarlo de cero, porque hubo ausencia absoluta de investigación. Tarek William Saab le echó tierra al expediente, y finalmente los asesinos fueron casi condecorados como héroes; y las víctimas, satanizadas.
María Corina Machado y Edmundo González exigen justicia para Edwin Santos
La muerte de Juan Almeida la reportaron como un hecho de salud, pero habrá que ver, porque es muy probable que lo hayan silenciado. Y el de Leoner Azuaje, que apareció supuestamente ahorcado. Todo eso hay que estudiarlo.
–¿Y el caso de Canserbero? ¿Todavía se podría hacer una exhumación?
–Eso es para un libro. Ahí está todo. Tanto, que en la exhumación que hizo el Ministerio Público dice algo lapidario que acaba con cualquier hipótesis: todas las fracturas con reacción vital. Es decir, muere por la caída y acaba con la hipótesis de que lo apuñalaron y lo lanzaron. Se acaba el caso. Estamos en un país en el que no se pueden confrontar pruebas.
–¿Un caso como el de Edwin Santos puede formar parte del expediente de la investigación en la Corte Penal Internacional?
–Sin duda alguna, porque fue denunciada una desaparición forzada que se ha convertido en una política de Estado. Si vemos los dos últimos informes de la Misión de Determinación de Hechos, se habla de desaparición forzada y víctimas de persecución. Él estaba en situación de desaparición forzada.
Cómo es que alguien en situación de desaparición forzada aparece muerto en un hecho de tránsito. Este caso tiene muchos elementos que van a permitir que sea llevado ante la Corte Penal Internacional y que haya una investigación seria, como lo está exigiendo la sociedad venezolana, pero el régimen no lo va a hacer porque sería revelar un patrón que se ha venido denunciado que es el de desaparición forzada inicial, y luego todo el tema de torturas.
“Tarek William Saab no podría ser fiscal jamás”
Mundaray enfatiza que el ratificado fiscal general de la República “está descalificado” para ser el titular de la acción penal en el país.
“No cumple ninguno de los requisitos del artículo 263 de la Constitución. Para ser fiscal general, dice el artículo 284, tiene que cumplir con los requisitos de ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y él tendría que tener alguna especialidad penal. Tarek William Saab se otorgó a sí mismo un título de especialista penal de la Escuela Nacional de Fiscales”, acotó Mundaray.
El exfuncionario detalló que quien se desempeñe como fiscal general de la República debe tener en su currículum una experiencia en litigio de 15 años, tener obra escrita; haber sido docente universitario con grado de titular y no tener militancia política.
El exfiscal del Ministerio Público señaló que “ninguno de los expedientes de Tarek William Saab aguanta un análisis”.
“Él no podría ser fiscal jamás, no cumple ni uno de los requisitos, pero tiene uno que es fundamental: no tiene escrúpulos y eso es lo que Maduro necesita; alguien que tenga la capacidad de mentir y poder presentar acusaciones sin prueba e impedir que los demás se defiendan”, añadió Mundaray.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas.
Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor: no cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria.
HAZ TU APORTE
