La directora del Centro para los Defensores y la Justicia asegura que la falta de institucionalidad en Venezuela lleva a que los ataques sean de mayor peligro y los riesgos altos. “No existe ninguna institución del país que pueda velar por la garantía de defender los derechos humanos y la libertad de expresión, debido a que desde el Ejecutivo se estigmatizan esos lineamientos”, destaca

Entrevista: César Batiz | Redacción: Mairen Dona

En Venezuela ocurren detenciones arbitrarias y amenazas contra personas u organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos. La abogada y defensora de DD. HH., Marianna Romero, afirma que desde hace una década se evidencia con mayor fuerza el patrón represivo y de control social hacia una sociedad que, al ser disidente de los intereses del Estado, se enfrenta al brazo represor que persigue, criminaliza y hostiga.

“Las amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización siguen ocurriendo y son graves”, resalta el informe del primer semestre de 2022 sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, presentado por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), organización que registró 214 ataques en los primeros 6 meses del año. El efecto de neutralizar, obstaculizar y limitar la posibilidad de promover, defender o exigir derechos humanos sigue teniendo el mismo resultado, solo que la tipología de ataques es diferente en Venezuela, puntualiza la directora del Centro para los Defensores y la Justicia, Marianna Romero, en entrevista con El Pitazo, realizada por el director César Batiz. “Es una política bastante sofisticada porque el Estado es muy hábil al hacer uso de todo el aparato institucional para materializar la criminalización”.

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Romero recalca que la falta de institucionalidad en Venezuela lleva a que los ataques sean de mayor peligro y los riesgos altos. “No existe ninguna institución del país que pueda velar por la garantía de defender los derechos humanos y la libertad de expresión, debido a que desde el Ejecutivo se estigmatizan esos lineamientos”, sostiene.

Afirma que la disminución de ataques registrada en el año 2022 no representa una mejoría y agrega que los riesgos son altos, junto a las restricciones arbitrarias para el movimiento de derechos humanos. En medio de estas violaciones, considera que en Venezuela no se pueden instrumentalizar ciertas situaciones alegando que las condiciones mejoran y recordó que en la medida en que el Estado no tome correctivos para garantizar el espacio cívico y que no existan mecanismos para proteger a las personas que responden a las necesidades sociales y humanitarias, “no se puede hablar de una mejoría, porque sigue existiendo la lógica del enemigo”.


Las amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización siguen ocurriendo y son graves

Marianna Romero, abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia

–Con fines pedagógicos, ¿quiénes son personas defensoras de derechos humanos?

–Existe un instrumento internacional conocido como la Declaración de Defensores, el cual habla sobre quién puede ser una persona defensora de derechos humanos y, además, establece cuáles son sus derechos y en función de eso qué obligaciones tiene el Estado con esos ciudadanos. Esto nos dice que cualquier persona que, en conjunto o de manera individual, realiza acciones para promover, defender o exigir el respeto de los derechos bajo los principios de igualdad y no discriminación, debe ser considerada defensora de los DD. HH. y, en consecuencia, el Estado debe garantizar que pueda realizar sus actividades sin temor a represalias, sin persecuciones indebidas, en un entorno propicio y seguro que le permita desarrollar una labor que es legítima.

–¿Los miembros del partido político Bandera Roja detenidos pueden ser considerados defensores de DD. HH.?

–Siempre que sus actividades sean pacíficas y en medio de sus reivindicaciones de derechos humanos pueden ser considerados defensores. Cuando vemos que el liderazgo sindical y de pueblos indígenas está siendo perseguido recientemente, eso entra en el plano de personas defensoras de derechos humanos. Tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de actividades que estén orientadas al liderazgo político partidista, pero eso no quiere decir que esas personas no tengan derecho a exigir o defender derechos humanos dentro del marco de libertades fundamentales.


El efecto de neutralizar, obstaculizar y limitar la posibilidad de promover, defender o exigir derechos humanos sigue teniendo el mismo resultado

Marianna Romero, abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia

–¿En el caso de Roland Carreño?

–Por su activismo político y temas de libertad de expresión fue objeto de represalias y detención arbitraria. Eso es lo que vemos en Venezuela con este patrón represivo y de control social, donde las personas por tener una opinión disidente o contraria a los intereses del Estado por exigir la garantía de derechos humanos se enfrentan a ese brazo represor que persigue, criminaliza, hostiga. Además, usa la lógica del enemigo interno para calificar a cualquier persona que no esté en sincronía con los lineamientos que el Estado tiene en función de su administración gubernamental.

–Esta frase es contundente: “Las amenazas, intimidación, hostigamiento y campañas de estigmatización siguen ocurriendo y son graves”, pero ¿qué hechos demuestran esta afirmación?

–Es preocupante la estigmatización con discursos de odio descalificatorios, donde se señalan a las organizaciones de los defensores como enemigos, traidores a la patria, de agentes desestabilizadores y de promover la injerencia. Esto lleva a que existan otros tipos de consecuencias, incluso de carácter violento más allá de una línea discursiva, como lo son los actos de intimidación, hostigamiento y amenazas a las que las organizaciones se enfrentan.

Hemos visto un mayor uso del derecho penal para perseguir y por eso vemos a defensores de derechos humanos imputados con delitos asociados al terrorismo y la delincuencia organizada. Incluso, por exigir rendición de cuentas a las autoridades se pretende hacer el uso de demandas de carácter penal para silenciar las voces que simplemente realizan un trabajo de documentación, denuncia y exigencia de Derechos Humanos. También observamos cómo la falta de institucionalidad en Venezuela lleva a que los ataques sean de mayor peligro y que los riesgos sigan siendo altos, porque no existe ninguna institución del país que vele por la garantía de defender los derechos humanos y la libertad de expresión, porque desde el Ejecutivo se estigmatizan esos lineamientos.


La falta de institucionalidad en Venezuela lleva a que los ataques sean de mayor peligro

Marianna Romero, abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia

–Si comparamos con las cifras del primer semestre de 2021 podemos decir que la situación mejoró. En ese periodo se registraron 374 acciones en contra de los defensores de DD. HH. y en 2022 se reportaron 214 ataques. ¿Por qué disminuyó el número?

–Estamos observando una disminución en la data cuantitativa de la cantidad de agresiones. Sin embargo, en el informe destacamos que esta disminución no representa una mejoría, ya que los riesgos se mantienen en un nivel alto y las restricciones arbitrarias para el movimiento de derechos humanos continúan. Por eso vemos un mayor número de amenazas y hostigamientos.

En la medida en que el Estado no tome correctivos para garantizar el espacio cívico y que no existan mecanismos para proteger a estas personas que se encuentran respondiendo a las necesidades sociales y humanitarias, o acompañando a las víctimas en su proceso de búsqueda de justicia, no podemos hablar de una mejoría, porque sigue existiendo la lógica del enemigo. Los defensores siguen en una situación de desprotección y, además, los ataques se mantienen porque tenemos más de 1.300 documentados en los últimos tres años, por lo que se ve un aumento progresivo de las restricciones a la sociedad civil.

–¿La presencia de la oficina de Michelle Bachelet en Venezuela y los constantes seguimientos a la violación de derechos humanos, más el caso del país en la Corte Penal Internacional (CPI) pudieron incidir en que la cifra haya disminuido en 160 casos respecto a 2021?

–El Estado venezolano siempre intenta ofrecer una imagen de presunta garantía al respeto y protección de derechos humanos, sobre todo en el plano internacional, pero en la práctica esto dista de ser así, porque se sigue restringiendo el espacio cívico y democrático en Venezuela. Además, no hay un interés real en la rendición de cuentas, investigar o sancionar a quienes han tenido parte en las violaciones a DD. HH. en Venezuela. No podemos permitir que Venezuela instrumentalice ciertas situaciones alegando que la situación medianamente ha mejorado, porque la realidad es que no es así. En el mes julio, los patrones represivos han aumentado nuevamente, las restricciones a la libertad de expresión se mantienen, la persecución a medios continúa y las limitaciones arbitrarias al movimiento de derechos humanos también persisten.


La disminución de ataques registrada en el 2022 no representa una mejoría y los riesgos se mantienen en un alto nivel

Marianna Romero, abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia

–¿Cómo está Venezuela en el contexto latinoamericano en cuanto a los ataques a defensores de los derechos humanos? ¿Es el caso más grave?

–Todos los casos son preocupantes. Si bien es cierto que en Venezuela no hay cientos de defensores asesinados, como en el caso colombiano, o que hasta el momento el cierre de organizaciones no es tan fuerte como puede ser en Nicaragua, los patrones van en ese mismo sentido. Al final, el efecto de neutralizar, obstaculizar y limitar la posibilidad de promover, defender o exigir derechos humanos sigue teniendo el mismo resultado, solo que la tipología de ataques es diferente y en Venezuela es una política de criminalización bastante “sofisticada”, porque el Estado ha sido bastante hábil al hacer uso de todo el aparato institucional para materializar la criminalización bajo una aparente legalidad, por eso desde el 2002 hemos tenido leyes restrictivas.

–¿Qué efecto tuvo el encarcelamiento de Javier Tarazona en el resto de las organizaciones defensoras de DD. HH.?

–Hay que verlo de dos sentidos; el primero es que hay preocupación y temor porque este tipo de patrones se mantiene luego de más de un año que fue detenido Javier Tarazona, quien ha visto afectada su integridad. Aunque estos ataques están dirigidos hacia una persona u organización tienen un impacto en el resto de las ONG, porque sirven como ejemplo de castigo para neutralizarlas a través del miedo que puede tener un efecto paralizante.

A pesar de los distintos ataques que ocurren, la resiliencia del movimiento de los derechos humanos es destacable, porque este se une para exigir libertad y que se garantice la posibilidad de realizar sus labores sin temor a represalias.


No se puede hablar de una mejoría, porque sigue existiendo la lógica del enemigo

Marianna Romero, abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia

–¿Qué significa y qué implicaciones tiene la criminalización basada en el enemigo interno que usa el oficialismo?

–Cuando hablamos de esa tesis debemos pensar en la doctrina de la seguridad nacional que se aplicaba en los años 80 en Centroamérica, donde cualquier persona que cuestionara al Estado era calificada de enemigo y, en consecuencia, se tomaban acciones para neutralizar y obstaculizar que pudiera actuar.

En el caso de Venezuela, esta tesis del enemigo interno se aplica desde hace varios años y con mayor énfasis desde 2016, cuando se emitió el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, donde su justificativo decía que las medidas que se tomaran a partir de él eran para proteger a la nación de los intereses de enemigos internos y externos que pretendieran desestabilizar el país. A partir de allí vimos un aumento en la represión y criminalización. La lógica del enemigo va en razón de perseguir a cualquier persona que promueva, defienda, exija derechos o disienta de la administración de Nicolás Maduro.

–Mencionan en la presentación del informe la palabra correctivos. ¿Cuáles son los que debería tomar el Estado frente a esta situación de agresión y acciones en contra de los defensores?

–En Venezuela existen fallas estructurales en las instituciones y eso se debería tomar en cuenta, pero mientras se sigan aplicando medidas pendientes a restringir o limitar el espacio democrático no vamos a poder avanzar hacia entornos propicios y seguros para las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. No existe ningún mecanismo específico para que las personas defensoras puedan denunciar o incluso ser protegidas frente a las violaciones de las cuales son objeto. Por el contrario, desde distintas instituciones y entes se persigue, estigmatiza y cometen actos de intimidación y hostigamiento.

Los correctivos tienen que estar orientados a recuperar los valores y principios democráticos de un estado de derecho y a partir de ahí comenzar a construir entornos propicios y seguros que garanticen el trabajo de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos sin que haya represalias, porque existen estándares internacionales que hablan del derecho de defender DD. HH.

–¿Tú ves intenciones del gobierno de Nicolás Maduro de corregir la situación de persecución contra violadores de derechos humanos?

–Hasta el momento no tenemos ningún indicador de que esto sea así, por eso alertamos en el informe de que los riesgos continúan altos, porque seguimos viendo que las personas defensoras de derechos humanos son calificadas de enemigas e injerencistas.


Desde distintas instituciones se persigue, estigmatiza y cometen actos de intimidación y hostigamiento

Marianna Romero, abogada y directora del Centro para los Defensores y la Justicia

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