Arianna Pinto está presa en el hospital de Tinaquillo: líder de una UBCH la denunció por terrorismo

Arianna Pinto tiene 20 años y padece insuficiencia renal crónica, luego de que el 1 de agosto la detuvo el Cicpc. Una denuncia sin fundamento, dice su madre, la convirtió en otra de los miles de detenidos después de las elecciones presidenciales del 28 de julio

Arianna Pinto es una joven campesina, paciente renal y presa política. Cuando la detuvieron tenía 19 años y entre barrotes y una sala de urgencias pasó su cumpleaños número 20. 

Su historial médico es de larga data. Cuando tenía 10 años fue diagnosticada con diabetes mellitus tipo I y a los 19 con hipertensión arterial crónica. Su enfermedad se agravó desde el 1 de agosto, cuando quedó privada de libertad. 

La acusación de terrorista y de instigadora de odio la sumió en una crisis de ansiedad que concluyó en una insuficiencia renal crónica: se hinchó de pies a cabeza y convulsiona casi a diario.

Además del dolor de estar prisionera, Arianna padece falta de atención médica integral. Desde el 12 de agosto está internada con una condición de salud grave en el hospital Joaquina de Rotondaro, del municipio Tinaquillo, estado Cojedes. Suma 2 meses y 20 días sobreviviendo a las carencias del sistema público de salud: sin medicamentos ni insumos.

A Arianna, el Estado no le garantiza, siquiera, las cintas para su glucómetro, el aparato que usan los diabéticos para medir la glicemia, pero sí la custodia de dos detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que la vigilan día y noche para que no mantenga contacto con el mundo exterior. Además del personal sanitario, solo su mamá, Elizabeth Pinto, puede acercarse. 

“Esto es muy fuerte, muy doloroso. Me ha tocado pedir, incluso, hacer rifas para su tratamiento, ya que aquí en el hospital hasta el obturador, que cuesta 15 bolívares, lo tengo que comprar”, lamenta Elizabeth, una madre soltera, de 50 años, con 4 hijos a cargo. 

Antes de la detención, Arianna se estaba sintiendo mal. El 24 de julio, unos exámenes de laboratorio le reportaron una leve infección urinaria. Luego, 12 días después de su encarcelamiento, su salud se agravó. Entró en un cuadro clínico de insuficiencia renal que aún no supera.

“Me ha tocado batallar duro aquí en el hospital y en los tribunales. No hay derecho a castigar así a una familia humilde y sin recursos económicos”, relata Elizabeth Pinto a El Pitazo en entrevista telefónica realizada el 26 de noviembre.

Vida de sacrificio 

Arianna vivía con su mamá en La Guamita, cerca de Paso Ancho, una zona rural de Tinaquillo. Ambas compartían la vida en una vivienda improvisada con desechos de láminas de zinc. Para resolver la manutención de la familia, se ayudaban con la venta ambulante de café colado, los bonos y la bolsa de alimentos que otorga el Estado. 

En los días posteriores a la elección presidencial, a finales de julio, las vidas de ambas mujeres empeoraron. El 1 de agosto, Arianna fue denunciada en el Cicpc por una mujer que dirige una Unidad de Batalla Bolívar Chávez, UBCB, en un vecindario cercano a La Guamita y Paso Ancho.

La mujer de la UBCB la denunció por una agresión física y por promover acciones políticas opositoras en la comunidad. Junto a Arianna, también fue señalada su vecina Génesis Tovar, otra joven de 23 años, madre soltera, que ahora está en los calabozos del Cicpc, delegación Tinaquillo.

Al conocer de la denuncia, Arianna y Génesis se presentaron a las oficinas del Cicpc para informarse de qué las señalaba la mujer. Arianna suponía que el motivo sería un asunto personal que involucra a su amiga Génesis Tovar, a quien la denunciante relacionaba con su pareja. Arianna iba dispuesta a aclarar la situación porque se consideraba al margen del asunto. En tanto, Génesis quería desmentir la presunción de la mujer. Había la buena intención de resolver en paz el malentendido. 

La denunciante se valió del poder político que otorgan las UBCB para castigar a Arianna y a Génesis. Usó una situación particular, un asunto doméstico, para incriminarlas por razones políticas, cuenta Elizabeth Pinto. La madre descarta la agresión física y la vinculación de Arianna y Génesis con la protesta poselectoral. “Era un asunto personal, no político y ni siquiera es cierto”, precisó.

Arianna y Génesis fueron apresadas al presentarse en la sede de la policía judicial en Tinaquillo. Casi de inmediato, la salud de Arianna se complicó y tuvo que ingresar varias veces a la emergencia del hospital de Tinaquillo, hasta que su médico tratante desde sus 12 años ordenó la hospitalización definitiva, el 12 del mismo mes. Su vida está en riesgo, alegó el especialista del Josefina Rotondaro.

Proceso judicial 

A Arianna y a Génesis se les inició el proceso judicial el 3 de agosto, cuando fueron trasladadas desde el Cicpc hasta el Palacio de Justicia en San Carlos para la audiencia de presentación e imputación. Un tribunal competente en materia de terrorismo con sede en Caracas, constituido junto a un fiscal y un defensor público, les imputó delitos de terrorismo e instigación al odio. El acto se cumplió por medio de una videoconferencia a través de Internet.

Desde esa fecha, hasta el 4 de noviembre, Elizabeth Pinto no tuvo información de la causa penal de Arianna. Ese día, la trasladaron desde el hospital hasta la sede de los tribunales locales para la audiencia preliminar, 3 meses después de la aprehensión. 

En la audiencia preliminar, a Arianna y a Génesis se les conminó a acogerse a la fórmula de admisión de los hechos para acelerar el proceso judicial y dar por concluido el proceso. Ellas no aceptaron y el juez ordenó el pase a juicio por vía ordinaria. En adelante, las jóvenes tendrán que enfrentar la acusación fiscal por terrorismo e instigación al odio, cuyas penas oscilan entre 15 y 30 años, de acuerdo con la legislación venezolana.

Arianna y Génesis dejaron claro que no habían cometido ningún delito. Enfrentarán el juicio en prisión. El juez les informó que en un lapso de cinco días volverían a tribunales para imponerlas de otras decisiones. “Estas son horas y nada ocurre, mientras el tiempo pasa y mi muchacha se muere de mengua y ansiedad”, aseguró Elizabeth Pinto.

Movida por la desesperación, Elizabeth Pinto y una tía de Génesis Tovar viajaron a Caracas el jueves 21 de noviembre. Desde la sede del Ministerio Público exigieron al fiscal general, Tarek William Saab, la revisión de la causa judicial de las procesadas. “Entregué los informes médicos y el carnet de discapacidad de mi hija, no me atendió el fiscal. Me dijeron ‘espere que la llamen’”.

“Por su condición de salud, mi hija se ha visto muy delicada. Pido, por favor, al fiscal que ayude a que mi hija sea excarcelada por su condición de salud. Ella necesita una medida humanitaria que le garantice estar en su casa, libre de la angustia que provoca la prisión a un ser humano inocente”, sostuvo la madre de Arianna Pinto. 

Elizabeth Pinto cree que Arianna debe gozar de los mismos derechos que los otros presos políticos aquejados por problemas de salud y que fueron excarcelados: “Ella es inocente y no merece estar presa ni enferma”.

Excarcelaciones y justicia 

El Gobierno venezolano ha excarcelado, desde el 16 de noviembre, a más de 150 personas detenidas tras las protestas poselectorales, según ha informado la Organización No Gubernamental Foro Penal. 

Las excarcelaciones ocurren luego de que el fiscal Tarek William Saab anunció la revisión de 225 casos y después de que el gobernante Nicolás Maduro pidió a los operadores de justicia rectificar las detenciones por error.